Mendigos rumanos: marionetas de la mafia


Grupos criminales obligan a ciudadanos de etnia gitana procedentes de Europa del Este a practicar la mendicidad en las calles de Madrid

Un grupo de ciudadanos de Europa del Este duerme en la Cuesta de San Vicente Foto: M.A.

Los colchones se amontonan en el suelo. Las palabras se confunden con el ruido de los coches. Ni un triste quitamiedos los separa de los vehículos que atraviesan el túnel donde acampan. Mientras los hombres se tumban al calor de unas mantas, ellas preparan la cena. Una olla sobre un camping gas en la que se cuecen las hojas de un repollo.

La estampa es contradictoria. A pocos metros de un hotel de lujo, bajo el puente que conecta la Plaza de España con el Paseo de La Florida, un grupo de ciudadanos rumanos de etnia gitana pasa la noche.

Su libertad se rompió el mismo día que pisaron España. «Trabajábamos cerca de Bucarest, en el campo, hasta que un vecino nos ofreció un billete de autobús para venir aquí. Al llegar, nos dijeron que teníamos una deuda. Nos dieron a elegir entre la calle y los semáforos». Quien lo dice es Adam, un ciudadano rumano de 27 años que llegó a Madrid bajo la promesa de trabajar en la construcción.

Junto a él, Alberti, su padre. Ambos llevan cinco años mendigando en las inmediaciones de la Gran Vía. «Las cosas allí están muy malas para los gitanos: no trabajo, no dinero, no médico, no nada. Aquí se está más bien, la policía es muy buena, no pega y deja buscar la vida», explica esforzándose por hablar en castellano.

Al finalizar el día tienen que repartir lo recaudado con «el jefe». No se atreven a desvelar su nombre, ni siquiera a decir si es español o extranjero. Tienen claro que les gustaría trabajar en otra cosa. «En aquello que contraten a un gitano rumano», recalca Adam con una sonrisa medio torcida. Sabe que su origen lo delata. Es romà, una de las dos grandes comunidades de gitanos que impera en Rumania junto con los romà vatras, menos estigmatizados socialmente. «Yo no he robado», se adelanta previendo la pregunta, «pero si tus hijos dependen del dinero que les envías y tienes que entregar lo que ganas, ¿qué te queda?», explica contrariado.

Su jornada comienza a las siete de la mañana. Primero esconden los bártulos en las alcantarillas cercanas, después se lavan la cara en la fuente de la Plaza de España. Carteles en mano suben por las calles aledañas. La boca del metro y las puertas de los centros comerciales son su lugar de trabajo.

No solo el suyo. Todas las mañanas sobre la misma hora una furgoneta aparca en la misma zona. De ella baja un grupo de ciudadanos de Europa del Este que pernocta en El Gallinero, un poblado chabolista a 15 kilómetros de la Puerta del Sol en el que malviven cerca de 400 personas. «El jefe» les ordena el lugar donde deben colocarse. Con unos vasos de plástico que apenas contienen un puñado de monedas avanzan por el callejero. Ni una esquina del centro queda desierta. Pero si deciden reubicarse, «el jefe» tiene que consentir el traslado.

Alberti y su mujer después de comer en la Plaza de España Foto: M.A.

Víctimas del crimen organizado

Fuentes de la policía confirman a este medio la existencia de bandas de delincuencia organizada que se dedican al ejercicio de la mendicidad. Su «modus operandi» consiste en captar a ciudadanos de Europa del Este para después traerlos a España y explotarlos. El problema con estas mafias, señalan, es que resulta muy difícil probar la comisión del delito. De un lado, porque las víctimas no se atreven a denunciar que están siendo extorsionadas. En la mayoría de los casos por temor a represalias, ya sea a sus familiares en sus Estados de origen o a ellas mismas. De otro, porque los «cabecillas» que «controlan» la calle fingen ser indigentes cuando están en presencia policial.

En España, la simple práctica de la mendicidad no está castigada como delito. A lo sumo podría ser constitutiva de una infracción administrativa, según determinadas ordenanzas municipales, dando lugar a la imposición de una multa. Cuestión distinta tiene lugar con los padres que utilizan a sus hijos menores de edad para pedir dinero en la vía pública. En estos casos, según el artículo 232 del Código Penal, incurren en un delito de abandono de familia sancionado con una pena de prisión de seis meses a un año.

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa denuncia en el informe «Los derechos humanos de los romaníes y de las comunidades itinerantes en Europa» (2012) que los ciudadanos de Europa del Este «son víctimas de la trata, inclusive la explotación sexual, la explotación laboral, la servidumbre doméstica, la adopción ilegal y la mendicidad». Para combatirla, apela a «la formación específica de las fuerzas del orden y las campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades marginadas y socialmente excluidas».

Ciudadanos de segunda clase

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Cristi, ciudadano rumano de etnia gitana, descansa en la Plaza de España Foto: M.A.

Un muro de 62 metros de largo y 1,8 metros de alto separaba en la localidad checa de Usti nad Labem a la población gitana de los blancos, como llaman a los payos. El muro fue derribado en 1999, pero la segregación racial continúa. Así lo ha denunciado la Comisión Europea, que en 2014 inició acciones legales contra la República Checa por separar en las escuelas a los niños de etnia gitana del resto. Discriminación que también se da en Eslovaquia, y que la justicia del país ha declarado ilegal por violar los derechos de igualdad en la infancia. La escalada de odio se repite en Hungría, donde el racismo vivió uno de sus episodios más traumáticos en 2009. Con cócteles molotov, grupos de extrema derecha incendiaron las viviendas de ciudadanos de etnia gitana, que perdieron la vida en la huida mientras les disparaban.

Suecia es uno de los ejemplos de reparación. En 2014, el Gobierno pidió perdón por haber considerado a la comunidad gitana como un «grupo indeseable para la sociedad». Precisamente, entre los años 1934 y 1974 el Estado ordenó la esterilización de miles de mujeres de etnia gitana y la práctica de abortos en otras tantas. «La situación que viven los gitanos hoy tiene que ver con la discriminación histórica a la que han estado sometidos», señala el informe donde se recogen los abusos.

No es de extrañar que las instituciones europeas llamen hoy a la tolerancia para dejar atrás los prejuicios contra una comunidad que se extiende desde las cálidas aguas españolas hasta la gélida estepa rusa. Mariano González, director de Unión Romaní, ONG reconocida por las Naciones Unidas debido a la defensa de los derechos del colectivo gitano, aboga por vencer la «grave situación de desamparo que tenemos en nuestra Europa, sobre todo en los países del este», y avanzar de una vez por todas hacia la integración.


 A fin de proteger la identidad de los ciudadanos que aparecen en este reportaje, se ha decidido pixelar sus rostros y utilizar nombres ficticios -Adam, Alberti y Cristi-.

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Texto por: Marcelino Abad

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