Las condiciones «inhumanas» para pedir asilo en un sistema colapsado
Con temperaturas invernales y recién llegados de América Latina, varios centenares de personas solicitantes de asilo permanecen en una cola frente a la comisaría de Aluche. Al igual que los migrantes que marchan hacia Estados Unidos, la mayoría escapan de Colombia, Venezuela, Honduras y El Salvador, donde la violencia y la inseguridad se han convertido su día a día. Esta ola de desplazados ha aumentado en España respecto al año pasado.
«El primer día que vine me acompañaron mi marido y mis hijos de cuatro y doce años. Después de toda una noche a la intemperie, los tres enfermaron. Hoy he venido a las dos de la tarde y ellos llegarán justo antes de que abran las puertas», explica Milena Sierra, de Colombia.
Como ella, ese día había unas 400 personas con el mismo objetivo. Sin embargo, solo las que se encontraban en los primeros 80 puestos pudieron entrar. Sierra es la primera en la fila y aguanta el frío de la noche con gorros, bufandas, mantas y guantes que los vecinos y la Iglesia han facilitado a los inmigrantes. Ella tuvo que sacar a sus hijos de la escuela y su marido se vio obligado a dejar el trabajo por las amenazas que sufrían. «Huimos de la delincuencia y violencia de nuestro país», declara.
Leonardo, que prefiere no hacer públicos sus apellidos por temor a represalias, considera que estas condiciones son «inhumanas». «La primera vez que vine había niños tirados en el suelo, mujeres embarazadas y ancianos», denuncia. También viene de Colombia y esta situación le recuerda mucho a su país, donde «hay colas para casi todo».
Para Leonardo, que llega a España empujado por las amenazas, «esta trasnochada vale la pena. Ayer, cuando dijeron que ya no había más citas, cien personas se marcharon y nosotros nos quedamos y por eso estamos al principio de la cola. No hay que perder la esperanza, este es mi quinto intento y espero que el definitivo». Él vino con uno de sus hijos, pero su mujer y el otro se quedaron en Colombia. «Les intenté convencer para que nos acompañaran, pero me dijeron: “Si muero, muero en mi patria”», lamenta.
Más lejos, en el puesto número 100 de la fila, se encuentran César Tapia y Adriana Urbina, de Nicaragua. La pareja de estudiantes espera que el comisario cumpla con su palabra y admita a más personas para pedir asilo. Son «los elegidos» de cada familia para que, tras asentarse en España, ayuden a los suyos a huir de su país. «Allí vivimos persecuciones a diario, no hay leyes. Hay muertos, pero no culpables. Nadie quiere volver. Por eso necesitamos protección internacional», aclaran.
Esta situación de desamparo se convirtió en habitual durante al menos un mes en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Es el único punto en el que se puede formalizar la petición de Asilo y Refugio en la comunidad. El límite de citas diarias hasta hace apenas una semana era de 80, mientras que cada noche se agrupaban unas 400 personas a las puertas del lugar, que se encuentra al lado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE).
Según fuentes del Ministerio del Interior, esto ya se ha subsanado y se ha ampliado el número de peticiones hasta llegar a unas 180 al día. Así, aseguran, ya no habrá colas para pedir protección internacional Para acelerar las citas, más de 80 trabajadores se han incorporado en la Oficina de Asilo y Refugio. De esta manera, se suplen las plazas de los 77 interinos cuyos contratos terminan el 9 de diciembre y no se pueden renovar. Además, en el último Consejo de Ministros se hizo una oferta extraordinaria de empleo para pasar de 60 a 291 puestos de trabajo en la oficina.
Sistema saturado
La solución de las colas no implica que el sistema deje de estar colapsado. Los solicitantes de asilo consiguen citas para la entrevista para 2019 y 2020 cuando «deberían concedérsela de manera inmediata», asegura Virginia Álvarez, responsable de trabajo sobre política interior en Amnistía Internacional (AI) España.
La saturación del sistema se debe al gran aumento de las solicitudes. A 31 de octubre de 2018 ya había recogidas 44.967, mientras que en 2017 se acumularon 31.740 en todo el año, según datos del Ministerio de Interior.
Para poder rehacer su vida en España, los inmigrantes necesitan pedir asilo, ya que no pueden estar legalmente más de tres meses con el visado de turista. Además, para trabajar y pedir las ayudas correspondientes deben presentar la «tarjeta roja» y un volante, que justifica su condición de solicitante de asilo.
«Debido a lo caótico de la situación actual, no están dando esta documentación y los solicitantes no acceden a las ayudas del Estado. Tampoco se les facilita que puedan cubrir sus necesidades básicas», denuncia la portavoz de AI. Sin la tarjeta se impide a los inmigrantes subsistir por su cuenta. La responsable de trabajo sobre política interior en AI España afirma que «la única salida cuando el Estado desprotege es la indigencia, por lo que los inmigrantes recurren a la ayuda de las asociaciones, la caridad y la economía sumergida».
Endurecimiento de requisitos para conseguir asilo
Todos los inmigrantes que piden asilo son refugiados ya que huyen de violaciones de derechos humanos en su país. «En el momento en el que tú estás siendo perseguido por cualquier motivo y tu Estado no es capaz de protegerte, hay una justificación para intentar huir. No tiene por qué haber una guerra para ser reconocido como refugiado», aclara Álvarez.
Sin embargo, los requisitos para conceder el asilo «se van endureciendo cada vez más», según la responsable. Esto provoca que se asigne de manera puntual. En su defecto, se otorga la protección subsidiaria, que aporta seguridad temporal solo a nivel estatal. En palabras de la portavoz de AI, «la restricción responde a una política de cierre de puertas que pretende frenar a los inmigrantes».
En 2018 se han celebrado nueve comisiones interministeriales de asilo y refugio, en las que resuelve si se concede o no la protección. La última tuvo lugar el 31 de octubre y se estudiaron un total de 11.472 solicitudes de las que solo 2.277 fueron favorables. Esto acarrea otro problema: «No se estudian individualmente los casos», denuncia la responsable. «Como son muchísimos, las peticiones se valoran en bloque y se les otorga a todos los originarios de un país la misma protección sin dedicar a cada caso el tiempo que merecería», explica Virgina Álvarez.