Alcalá de Henares usará el ADN de las heces de los perros como detector de incívicos

A partir del 1 de enero de 2023 no recoger los excrementos de las mascotas en la vía pública podrá significar multas desde 300 hasta 3.000 euros

Alcalá de Henares es la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid en implementar un censo de ADN canino. | Ignacio Gil

Alcalá de Henares es la primera gran ciudad de la Comunidad de Madrid en poner en marcha un censo de ADN canino. El banco genético funcionará como una especie de detector de ciudadanos que no recogen las heces de sus mascotas y facilitará la aplicación de multas que, según la norma en vigor, pueden ir desde 300 hasta 3.000 euros.

La expectativa es que se reduzca la cantidad de excremento abandonado en los espacios públicos y que esta tarea recaiga en los verdaderos responsables, dice la veterinaria de la Concejalía de Medio Ambiente Limpieza Viaria y Gestión de Residuos del Ayuntamiento, María Almudena Soriano López.

El problema es que actualmente el cumplimiento de las normas de limpieza de las deposiciones de los perros queda a discreción de cada tenedor, pues la Administración pública no tiene capacidad para perseguir a los infractores. En cambio, a partir del 1 de enero de 2023, cuando se comience a aplicar la reglamentación, aquel que no recoja las deyecciones de su animal estará dejando una huella que lo enfrenta directamente a la sanción.

Soriano López es optimista sobre el efecto positivo que tendrá la medida, y pone como ejemplo Meco, donde han logrado reducir el 85 % de las heces en las calles desde 2017 cuando fue implantado, según información de su Ayuntamiento.

No obstante, defensores de animales se oponen a la implantación del censo de ADN canino en la ciudad. La portavoz de la Plataforma para la Protección Animal de Alcalá de Henares, Elena Piris, explica que tienen reservas sobre la efectividad del método en materia de limpieza y temen que su impacto sea meramente recaudatorio.

Disuasivo o recaudatorio

«Entiendo que puede haber un clamor ciudadano porque las calles estén limpias y que se identifique como parte del problema las heces caninas, pero no se va a solucionar el problema integral con el ADN. Parece ser que los propietarios de perros vamos a aportar económicamente para que haya más limpieza», se queja Piris.

La activista considera que en materia de bienestar y protección animal las autoridades alcalaínas arrastran deficiencias en cuanto a concienciación sobre la importancia de cumplir con el registro por microchip de todos los animales de compañía. «Y de repente tienes que tener dos obligaciones de registro que, además una de ellas, es un agravio comparativo porque no toda la Comunidad de Madrid están obligados a hacer esas dos identificaciones», cuestiona.

Al respecto, la veterinaria municipal sostiene que el genotipado canino «no tiene un fin de recordatorio, sino que tiene un propósito de limpieza y responsabilidad sobre la tenencia de animales». La finalidad es disuadir, asegura.

El anuncio de la obligatoriedad del censo de ADN canino también divide a los dueños de mascotas, unos reclaman porque supone una nueva carga impositiva y otros reprochan que por la “irresponsabilidad” de algunos, las autoridades hayan recurrido a este método.

«Esto no haría falta si fuéramos civilizados, quien tiene perros debe recoger sus heces, pero como no pasa nos encontramos con que será a las malas, con multas», dice con molestia Pilar quien cada tarde alista bolsas y una botella que contiene una mezcla de agua y vinagre para sacar a pasear a Milo, un labrador de tres años.

En cambio, Ángel, vecino de El Ensanche, considera que «no hacía falta» un mecanismo adicional al registro por chip que está establecido y se muestra escéptico sobre los beneficios sobre los que las autoridades justifican su implantación, especialmente el que se vayan a reducir la cantidad de excrementos abandonados en los espacios públicos.  «No va servir para nada, más que para sacar más dinero», opinó.

Mayor control sobre el registro y cuidados de los perros

Desde el inicio de la campaña, el pasado 17 de octubre, el Ayuntamiento promueve el sistema de huella genética como un mecanismo que no solo perseguirá a los incívicos, sino que también tendrá un beneficio para los propios perros, pues obliga a sus dueños a cumplir tanto con su registro por microchip, como con el control sanitario anual y los cuidados que prevengan el abandono y maltrato.

«Con este nuevo sistema los propietarios no pueden abandonar a sus mascotas, porque por mucho que les arranquen el microchip, éstas podrán ser identificadas mediante el ADN. Además, las muestras de ADN también permiten seguir la huella, mediante filiación y parentesco, de los autores del abandono de camadas y crías aún no censadas, o del maltrato a estos animales», dice el Ayuntamiento.

Como incentivo, el Ayuntamiento bonifica el 69,7 % del costo del perfil genético del perro. Los dueños de mascotas que atiendan al llamado de las autoridades deberán aportar 10 euros y no los 33 euros que es el valor del procedimiento clínico.

Soriano enfatizó en que al poner bajo lupa el método de control genético pesan más los puntos a favor, y muestra de ello es que cada vez son más los ayuntamientos interesados en adoptarlo. Cree que Alcalá de Henares será un referente en la Comunidad, aunque está claro que el resultado no se verá a corto plazo.

Señala que aunque ahora mismo el registro de perros no serviría para localizar a una mascota perdida si es sacada del territorio municipal, cree que paulatinamente el registro genético se implementará en toda España.

Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía, a partir del 1 de enero de 2023 todos los propietarios de perros de la ciudad complutense tendrán que cumplir con el registro genético. El proceso se realiza en 21 clínicas veterinarias de la ciudad a través de una muestra de saliva.  A la fecha, al rededor de 2.000 perros han sido inscritos, la previsión menos ambiciosa es que el censo final supere los 10.000.

Alcalá de Henares es la tercera ciudad en Madrid y la 37 de España que adopta un registro genético de perros; Torrejón de Ardoz y Collado Villalba podrían ser las próximas.

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