«The importance of Being Urdangarín». Montaje de M.Ruiz

Dice la Constitución Española en su artículo 14 que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. No existen, pues, excepciones. Como bien advirtió el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, «no hay nadie por encima de la Ley», ni siquiera el yerno de su Majestad el Rey.

Por ello, el que fuera gerente del Instituto Nóos cuando se cometieron presuntamente los delitos de malversación de fondos públicos, Diego Torres, lleva seis meses imputado. Están imputados los responsables de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia que firmaron los contratos con Nóos. Imputados están también una decena de personas que trabajaba en las empresas propiedad del equipo de gestión del Instituto y a las que derivaban el dinero que recibían de los Gobiernos balear y valenciano. Sin embargo, el duque de Palma, que presidía esa fundación sin ánimo de lucro durante ese mismo periodo de tiempo, todavía no ha sido llamado a declarar, ni siquiera en calidad de testigo. Según el juez, el círculo cerrado de toma de decisiones del Nóos estaba formado por Torres y Urdangarín, así como por la esposa del primero y sus dos cuñados. Todos están imputados salvo el duque de Palma.

La cartera de clientes de Nóos fue aumentando gracias al fantástico escaparate que presentaba el Consorte Real. Presuntamente, la fundación sin ánimo de lucro captaba fondos públicos y privados que desviaba a una red de empresas, todas con ellas con abundante ánimo de lucro, propiedad del duque de Palma y su socio Torres. Urdieron así un entramado societario que les permitió apropiarse de más de 16 millones de euros, según el cómputo de la Agencia Tributaria.

Robar está mal. Está mal, incluso, robar al estilo del famoso Robin Hood. Pero lo que es todavía más vergonzoso es que pueda haber robado dinero público quien ya recibe una partida de los Presupuestos Generales del Estado –aquella destinada al «mantenimiento de la Familia y Casa» de su Majestad y que éste «distribuye libremente»– y vive cómodamente en la más completa abundancia mientras el país que paga con sus impuestos el sostenimiento de su mujer, cuñados y suegros, sufre una de las crisis más profundas de la democracia.

Los presuntos delitos cometidos podrían ser también responsabilidad de la Infanta Cristina, pues compartía la propiedad de su promotora inmobiliaria Aizoon S.L., que se llevó 1,5 millones de euros del dinero que recogió la trama Nóos. Asimismo, los bienes inmuebles y cuentas corrientes del matrimonio aumentaron escandalosamente en aquellos cuatro años, y cabe pensar que más que hacerlo sin que ella se percatase de nada, la Infanta «miraba a otra parte».

Culpable o inocente, de lo que no cabe duda es de que Iñaki Urdangarín está en el ojo del huracán, y todavía no ha sido preguntado. ¿Habría tanta demora en su a todas luces inevitable citación judicial si en vez de hablar del duque de Palma, habláramos de Pepito Pérez, el vecino del quinto?

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Texto por: Miriam Ruiz Castro

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