El alcalde de Getafe gasta 150.000 euros en un aparcamiento «innecesario» y temporal


Los vecinos y la oposición al completo denuncian las irregularidades en el proyecto que acaba con la única zona de uso deportivo libre de la localidad
Las plazas de minusvalorados actuales, a la izquierda; un hombre en silla de ruedas aparca frente al polideportivo, arriba; y el informe NUBER

Las plazas de minusvalorados actuales, a la izquierda; un hombre en silla de ruedas aparca frente al polideportivo, arriba; y el informe NUBER

Autores: Regina Rivera y Marta R. Domingo

A finales de agosto, los vecinos del barrio getafense del Sector III se despertaron con el sonido de excavadoras levantando el terreno de lo que hasta entonces eran sus canchas de baloncesto y fútbol, las últimas zonas deportivas de uso libre que quedaban en el municipio. Las pistas llevaban varios años en un estado de deterioro lamentable pero pronto descubrirían que la remodelación que el Gobierno municipal tenía pensado llevar a cabo en realidad contemplaba la construcción de un aparcamiento para turismos y autocaravanas.

Desde aquella mañana de verano, el propósito final de la «Parcela J» ha variado tanto como días han pasado. Lo que comenzó como un proyecto que contemplaba 97 plazas de aparcamiento para vehículos y 8 autocaravanas, se inauguró el pasado 21 de diciembre como una zona con 46 plazas de aparcamiento y un pista «multiusos». Entre medias, los planos iniciales se han ido remodelando, «sobre la marcha», como señalan las asociaciones de vecinos, todo ello en secreto y sin contar con las sugerencias de los residentes del Sector III ni de la oposición.

El alcalde concluyó el aparcamiento pese a que el resto de grupos municipales votaron en contra

En un principio, la idea detrás de la remodelación de la «Parcela J» era construir en Getafe el «primer aparcamiento para autocaravanas de Madrid» ya que, según confirma la portavoz del Grupo Municipal UPyD, Esperanza Fernández, una asociación de autocaravanas planteó a varias localidades la necesidad de crear un estacionamiento destinado específicamente a este tipo de vehículos y fue el alcalde de Getafe quien aceptó destinar este espacio para responder a su demanda.

Las agrupaciones vecinales y la oposición reconocen la legitimidad de la petición pero no creen que sea la «Parcela J» el terreno más indicado. «Nadie ha demostrado que Getafe fuera un lugar de tránsito de caravanas y si así fuera, tampoco sería necesario colocarlo en la principal calle del barrio del Sector III habiendo otras parcelas libres a las afueras», subraya la portavoz de la agrupación socialista getafense, Sara Hernández.

Tras las primeras protestas de los vecinos, el PP descartó la idea inicial y reconoció la inviabilidad de la misma. Así fue como la asignación de las plazas se reordenaron, eliminando la zona destinada al estacionamiento de caravanas y creando otras para discapacitados. El nuevo argumento de la alcaldía se sostenía ahora en «apoyar a los usuarios del polideportivo con necesidades especiales» y, así, oponerse a la construcción del aparcamiento era ignorar a los menos favorecidos.

Los vecinos del Sector III han entregado tres acopios de firmas a favor de la paralización de las obras

Sin embargo, desde hace tiempo el polideportivo cuenta con un aparcamiento destinado exclusivamente para minusválidos a tan solo 20 metros del edificio y el autobús que les traslada les deja en la propia puerta. Las plazas para minusválidos actuales están a 500 metros del edificio. «No me quiero imaginar si llueve o hace mal tiempo. ¿Esas son buenas condiciones para que una persona en silla de ruedas pueda ir a jugar al baloncesto?, cuestiona Hernández.

Además, el club de baloncesto en silla de ruedas CID Casa de Murcia Getafe se va a trasladar al polideportivo de Juan de la Cierva la próxima temporada 2014/2015. «Los 150.000 euros que costará este aparcamiento de discapacitados se irán a la basura por un capricho del alcalde».

Negociado sin publicidad

Las obras de remodelación de la «Parcela J», que comenzaron a finales de agosto, alertaron a los vecinos. Desconocían la propuesta de la concejala de Urbanismo, Paz Álvarez, de convertir el último espacio de uso deportivo libre de la ciudad en un aparcamiento. La indignación y la sorpresa de los vecinos les llevó a protestar sistemáticamente para intentar frenar las obras.

Ante la falta de información, ya que la concesión adjudicada a la empresa Unión Vialco S.A. se negoció «sin publicidad», la Asociación Vecinal NUBER solicitó acceso al pliego de cláusulas administrativas. Todas las peticiones por escrito requeridas a la Concejalía de Urbanismo no recibieron respuesta alguna. Frente al silencio administrativo, Roberto Carlos Benítez, presidente de NUBER, elaboró un informe que destapaba todas las irregularidades del proyecto.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Nuevo Getafe, Ángel Luis Rojo, en una de las protestas contra la construcción del aparcamiento.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Nuevo Getafe, Ángel Luis Rojo, en una de las protestas

En primer lugar, las obras no respetan las normas del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Según el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011 no es necesario realizar un estudio geotécnico del suelo en los casos del «reparación simple». Sin embargo, NUBER denuncia que en este caso las obras de la «Parcela J» deberían clasificarse como de «primera instalación o gran reparación» ya que se ha demolido el suelo existente y, por lo tanto, Urbanismo estaría en la obligación de presentar dicho estudio.

Además, al estar edificado sobre terreno dirigido a uso deportivo —anteriormente unas canchas de baloncesto— la ley indica que la construcción de un aparcamiento para uso deportivo solo puede tener carácter temporal.

Asimismo, pese a que la obra se adjudicase sin salir a concurso entra dentro de la legalidad —las obras con un presupuesto inferior a 350.000 euros se pueden negociar sin publicidad— ciertas actuaciones por parte de la empresa hacen sospechar a Benítez. Entre ellas, que la empresa pidiese documentación de las canalizaciones un mes antes de que se firmase la resolución.

Contra la mayoría

Ni siquiera una moción aprobada por mayoría absoluta en el Pleno Municipal el pasado 2 de octubre impidió paralizar el proyecto. Los 12 votos del PP se quedaron solos frente a los 15 de la oposición que votaron siguiendo las peticiones de los getafenses con quien se habían reunido días antes. «Si hace oídos sordos a las decisiones del Pleno, ¿dónde queda el sentido de democracia y el respeto a la representación de los ciudadanos que tanto predica el alcalde en sus discursos?», se pregunta la portavoz del Grupo Municipal IU de Getafe, María Luisa Gollerizo. «Solo siguen por prepotencia o porque tienen intereses oscuros y argumentan todas sus posturas difamando a los demás», sentencia Gollerizo.

Los vecinos temen que las obras estén relacionadas con una privatización del polideportivo

Esta misma sospecha es la que tenían los socialistas de Getafe, quienes solicitaron un día más tarde —el 3 de octubre— una copia del expediente de adjudicación. «Todavía no hemos recibido contestación cuando tienen la obligación de hacerlo en cinco días y una vez que se agotan todas las vías administrativas solo queda la vía judicial que eso ya supone pagar unas tasas. Es un sistema muy bien montado para que quejas así no salgan adelante», asevera la portavoz socialista.

Ahora, con el aparcamiento ya finalizado, lo que los vecinos se temen es que la finalidad real de estas obras estén relacionadas con una futura ampliación y privatización del polideportivo Arcas del Agua. Un miedo que comparten con los concejales socialistas: «Creemos que hay irregularidades en el expediente, porque no nos lo quiere mostrar y también que este es el inicio para privatizar la instalación deportiva, sería la tercera de Getafe».

Informe policial como excusa

Este diario ha intentado por varios medios ponerse en contacto con el Gobierno local pero, al igual que a los vecinos, ha hecho oídos sordos a esta petición. No obstante, en el último bando municipal Juan Soler afirma que han «escuchado a los vecinos siempre» y que las obras responden a «una necesidad de dotar al barrio de más plazas de aparcamiento por su proximidad a espacios de gran afluencia de vehículos». Cierto es que los vecinos han demandado más plazas de aparcamiento, pero en otros barrios como en Las Margaritas, en Juan de la Cierva y en la Alhóndiga. Nunca en el Sector III. El alcalde se justifica asegurando que existe un informe policial que lo apoya. «Nosotros no hemos visto ninguno», aseguran desde la oposición.

Y los vecinos tampoco. Es más, estos últimos han entregado al Ayuntamiento un reportaje gráfico propio que muestran calles vacías y a los minusválidos aparcar sin problemas frente al polideportivo. Incluso, en el Pleno del 2 de octubre se presentó el tercer acopio de firmas donde un total de 1.828 personas pidieron parar las obras. Con todo esto solo queda claro una cosa: si algo ha conseguido Juan Soler es unir a todos los vecinos y a la oposición en favor de una misma causa.

Las piezas que no casan en el proyecto de la «Parcela J»

El proyecto camaleónico. Lo que empezó como un aparcamiento para 97 turismos y 8 caravanas se transformó en un estacionamiento para 46 plazas y una pista deportiva «multiusos». Las argumentaciones por parte del gobierno municipal de la necesidad de la remodelación de la «Parcela J» han ido variando con la misma fluidez que los planos.

De reparación a demolición. En el proyecto inicial, la obra se clasificó como «de reparación simple», una terminología que contempla solo el arreglo del terreno. En realidad, la construcción del aparcamiento ha terminado con la demolición del firme existente. Por lo tanto, la concejalía de Urbanismo estaría obligada a elaborar un estudio geotécnico, tal y como lo obliga la ley.

Aparcamiento con fecha de caducidad. Como el terreno sobre el que se ha construido el nuevo aparcamiento era una parcela destinada a uso deportivo —unas pistas de baloncesto—, la ley dicta que los estacionamientos sobre terreno deportivo solo pueden tener carácter temporal. Es decir, que habrían invertido casi 150.000 euros en una obra con fecha de caducidad.

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