Destierro sanitario


Tras la última reforma sanitaria cientos de personas quedaron excluidas de la atención médica. Aunque esta medida contra los inmigrantes no define el carácter de la sociedad española
Millán Herce CUERPO

Varias personas aguardan en la sala de espera de un hospital. Foto: ABC

Angélica Saldarriaga tiene 30 años. Hace uno llegó a España procedente de Colombia gracias a una beca académica para completar sus estudios de ingeniería química. Sin embargo, una grave enfermedad castigó sus pulmones. Al no disponer de tarjeta sanitaria gastó en costosos médicos particulares hasta que se quedó sin dinero y tuvo que interrumpir sus estudios.

Desamparada y sin saber a quién acudir buscó ayuda en internet y la encontró en la ONG Red Acoge. Allí le orientaron y le ofrecieron el apoyo que necesitaba. Al cabo de un mes hospitalizada y pese a no estar completamente recuperada, le dieron el alta. Lo primero que hizo al salir del hospital fue solicitar la tarjeta sanitaria que se concede en casos excepcionales (personas extranjeras con enfermedades graves o crónicas).

Angélica tiene insuficiencia renal estadio 5, o lo que es lo mismo, necesita una máquina de diálisis para vivir. Tras el pesado trámite burocrático tuvo entre sus manos su tan esperada tarjeta que renovará anualmente. Gracias a ella su tratamiento está cubierto y unos especialistas se encargan de hacerle un seguimiento específico.

Podría considerarse afortunada porque algunos de sus amigos padecen enfermedades que precisan atención pero no la reciben al ser de carácter leve y tratarse de inmigrantes en situación irregular. «Algunos con enfermedades pulmonares, problemas de asma o hepatitis no tienen suficientes recursos económicos para pagarse las consultas médicas particulares. Nos tratan como si no fuéramos personas, como si no tuviéramos derechos», confiesa.

Aún recuerda con amargura el día que llegó a España y supo que no tenía derecho al servicio sanitario por ser inmigrante y no tener los papeles en regla. «Me sentí discriminada», explica y añade que en su país se trata a las personas extranjeras «como si hubieran nacido allí. No existen las diferencias que hay aquí», sentencia.

Estas diferencias que describe Angélica se hacen más palpables, por ejemplo, en los descuentos en las medicinas. Gracias a la tarjeta paga entre 30 y 35 euros; sin ella, el precio se dispara hasta los 60 y 80 euros por cada medicamento.

Organizaciones que salvan

Varias ONG como Red Acoge suponen un atisbo de esperanza para muchas personas que al llegar a un país no conocen nada, se sienten perdidas y requieren de cierta orientación en este aspecto.

Desde Red Acoge, la abogada Inés Díez de Frutos reivindica que se deje sin efecto el artículo del Real Decreto Ley que establece la exclusión sanitaria y que se vuelva sistema anterior en la práctica. Sin embargo, afirma que no han obtenido respuesta por parte del Gobierno. Según los datos del Ministerio, desde el 1 de septiembre de 2012 —fecha de entrada en vigor de la ley— se han retirado un total de 873.000 tarjetas sanitarias. «Muchos son rechazados cuando acuden a los hospitales. Cualquier persona que esté enferma y no pueda recibir atención se convierte en vulnerable», sostiene Inés. «Sólo reciben atención en caso de urgencia, de accidente o por enfermedad grave», asevera.

Sin embargo, esta polémica ley no se aplica de forma uniforme en todo el territorio nacional. Según la letrada «en Comunidades Autónomas como Andalucía (PSOE) no se aplica, mientras que en otras hay un punto intermedio e incluso las hay donde sí se cumple al pie de la letra, como en Castilla-La Mancha (PP)». Por otra parte, hay personal sanitario que decide acogerse a la objeción de conciencia para atenderlos, pero se encuentran con trabas administrativas y al no tener tarjeta sanitaria no les pueden citar.

Trágicos desenlaces

Hay algunos casos de personas con final trágico que se han convertido en símbolos de las consecuencias de la exclusión sanitaria. El de Alpha Pam, un senegalés que murió de tuberculosis por no tener tarjeta sanitaria, es uno de ellos. Un amigo suyo se quejó que «le quitaron la vida por ser inmigrante ilegal». Otro caso es el de Janeth Beltrán, que falleció tras agonizar durante cuatro horas en la sala de espera del hospital toledano Virgen de la Salud.

Actualmente la ONG lleva a cabo una campaña llamada #yoelijoserhumano para pedir al nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que derogue la ley y así evitar que aumente el número de muertos.

Mientras, estas personas permanecerán en una incesable espera en las salas de los hospitales soñando con que, tal vez, un día su suerte cambie. Sería un gran comienzo.

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Texto por: Cristian Quimbiulco Carrión

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Periodista 24/7. Todo se lo debo a mi profesión. Más, en Twitter: @QuimCarrion

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