Transparencia a medias

Bienvenida, pero insuficiente. El borrador de la primera ley de transparencia de la historia de España no ha satisfecho las expectativas de la principal organización de defensa del derecho de acceso a la información en nuestro país, Access Info Europe. Tampoco las de los internautas, que expresaron su descontento en las redes sociales después de conocer el contenido íntegro del texto.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 23 de marzo el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Ese mismo día, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó las líneas generales del texto y anunció los principales límites del derecho a saber de los ciudadanos: la asignación presupuestaria de la Casa Real –«porque no es una Administración pública», alegó la portavoz–, las cuestiones de seguridad nacional y las relacionadas con la protección de datos personales. Pero no son los únicos. La letra pequeña del documento se conoció el pasado lunes en torno a las cuatro de la tarde. El Gobierno tenía previsto hacer público el borrador una hora más tarde, a través del portal leydetransparencia.gob.es, pero una filtración a la prensa se adelantó a la agenda del Ejecutivo.

Entre los puntos negros del texto destacan el consentimiento del «silencio administrativo» –es decir, la no obligatoriedad de respuesta por parte de las Administraciones públicas– y la posibilidad de que el titular de una información se niegue a su publicación si considera que se viola su intimidad. Aunque la vicepresidenta ha asegurado que «la ley devolverá la credibilidad a la administración pública», Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, cree que «aún falta mucho para que España alcance los estándares internacionales en la materia». «El texto es  bienvenido […] pero necesita mejoras importantes porque excluye grandes cantidades de información», anunció en la página web de la organización después de estudiarlo.

Pros y contras

La definición de «información pública» que recoge el artículo 9 del documento es la primera gran barrera al acceso libre. Quedan excluidos de las consultas todos aquellos documentos que afecten a la defensa, las relaciones internacionales, la salud pública y la investigación de crímenes administrativos o penales. Otra de las excepciones (artículo 10) es la divulgación de datos que perjudiquen intereses económicos o comerciales, o la política económica y monetaria del Estado. Las cuestiones relacionadas con el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial también quedan fuera del escrutinio ciudadano.

El artículo 17 establece que el plazo de respuesta a una solicitud será de un mes, prorrogable a dos si el volumen o la complejidad de la petición lo requieren. No obstante, el texto señala que «transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada». Las instituciones pueden no responder a las demandas de información sin dar explicaciones. Los ciudadanos podrán recurrir ante una Agencia Estatal de Transparencia, un órgano dependiente del Gobierno y el Ministerio de Hacienda que tampoco estará obligada a contestar.

No obstante, el borrador contempla una serie de medidas relacionadas con el Buen Gobierno que, de hacerse efectivas, supondrían un avance en la lucha contra el fraude administrativo y presupuestario. El incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el «despilfarro» serán motivo de inhabilitación, pero sólo serán constitutivos de delito si se ocultan o falsean las cuentas públicas. Todas las Administraciones públicas tendrán que difundir en internet datos sobre sus contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y retribuciones de cargos (siempre que no puedan atenerse a las excepciones de la ley). Las empresas estatales –con más del 50% del capital público– también tendrán que publicar sus cuentas.

La ley plantea un aspecto especialmente ambiguo, el de los «regalos» a los cargos de la Administración. El artículo 23.2 señala que los altos cargos «no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones». Eso sí, no aclara en euros el límite de la cortesía.

Participación ciudadana

Durante 15 días (a contar desde el 26 de marzo), los ciudadanos podrán consultar el texto y hacer sus comentarios a través de un cuestionario online que también ha recibido críticas. «Es un agujero negro, no sabes dónde van tus sugerencias», explica Mar Cabra, profesora del Máster de Periodismo de ABC y cofundadora de tuderechoasaber.es, una plataforma sin ánimo de lucro que canaliza las solicitudes de información de los ciudadanos y comparte las respuestas en su página web. «No hay constancia pública de las peticiones que se envían, entonces, ¿cómo sabemos si se están teniendo en cuenta los comentarios para ‘corregir’ la futura ley?».

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de transparencia. Chipre, Malta y Luxemburgo son los otros puntos opacos del mapa. El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó en su programa electoral de 2004* y 2008** la redacción de una ley de acceso. En 2010, el Consejo de Ministros aprobó el borrador de una norma muy centrada en la «fiscalización» de la actividad pública, pero el texto nunca llegó al parlamento.