¿Adoptados o apropiados?

El lunes 3 de junio de 1957, entre las seis y las siete, en el Hospital Sanjurjo de Valencia —hoy Doctor Peset—, nace con el día el primer hijo de Francisca Coria Ballesteros, ahora con 79 años. Ese mismo día, a última hora de la tarde le comunican al padre, Antonio Iniesta, de 80 años, que el bebé ha fallecido. Confiados, preguntan qué deben hacer ante el desgraciado desenlace. Les contestan que no se preocupen por nada, ellos se ocuparán de todo. Tampoco les entregan documento alguno. El ginecólogo de la seguridad social que la atendía durante la gestación, le aseguraba que el feto se desarrollaría sin problemas.

Al año siguiente, nació Antonio y en años posteriores Francisco Javier y María de los Ángeles. Esta vez, ante la desconfianza en dicho hospital, los padres deciden asumir el riesgo de llevar en casa los tres partos siguientes sin ningún incidente.

En la primavera del año 2011, la aparición de casos de tráfico de bebés en los medios de comunicación despiertan sus sospechas. Al tener conocimiento de la existencia de redes de compraventa de recién nacidos y su posterior inscripción como hijos biológicos en las familias de acogida, «decidimos investigar y contactamos con la asociación SOS bebés robados». En España, se estiman en 300.000 los casos de niños desaparecidos. Estos bebés robados, hoy adultos, reclaman el derecho a conocer su verdadera identidad.

En un primer momento, solicitan el historial clínico. Les informan que gran cantidad de ellos, desaparecieron en el incendio del hospital el 16 de enero de 1984. Les entregan la ficha de registro de ingreso de la madre en el hospital, donde se menciona que nació y murió un supuesto varón.

Durante el parto, intervienen dos médicos. El Doctor Oliver refleja como causa de ingreso la ‘enfermedad’ de doña Francisca. El Doctor Ruiz refleja dos motivos de alta, uno expresado como ‘muerte’. En el reverso del mismo parte de ingreso, se recoge otra anotación: distocia social. Según la definición de la SEUP (Sociedad Española de Urgencias de Pediatría), hace referencia a un «estado de condiciones socio-ambientales adversas que pueden interferir en el desarrollo físico y psico-afectivo del niño».

Deciden preguntar en el Cementerio Municipal, donde consta el registro de inhumación a nombre de la madre, con el cuerpo del bebé como feto, especificando como causa de la muerte la ‘asfixia’. Les entregan un certificado que sitúa el cuerpo en una fosa común. En el Registro Civil, les informan que todos los legajos de aborto anteriores a 1973 han desaparecido, sin dar más explicaciones. Solo existen las de los años comprendidos entre 1959 y 1963. El legajo de abortos es un documento fundamental que certifica que el bebé muere antes de transcurrir 24 horas de su nacimiento. En él consta el médico que atendió a la parturienta, el que certificó la defunción y la licencia de inhumación.

Ante estas incoherencias, el padre sospecha que su hijo «ha podido ser objeto de sustracción con evidente engaño», como reza la denuncia, por cuanto se llevan al recién nacido del hospital sin entregárselo a sus padres. Ellos vivían en el grupo Santa-Rosa, en Benicalap, y él poseía un trabajo estable, por lo que no cabe hablar de distocia social. Cree que durante el parto en el hospital regentado por monjas de la Caridad de San Vicente de Paul, una de las matronas se llevó al recién nacido con la madre sedada, mientras otra seguiría asistiéndola.

«No recuerdo el parto en el hospital, si bien los otros tres partos los recuerdo perfectamente», afirma la madre con seguridad. La matrona que la atendió en el primer parto en su casa, le comentó «veo que en tu primer parto te rajaron pero no te cosieron». Todos los indicios parecen indicar que la anestesiaron. Unido al hecho de que su marido Antonio no acudió al hospital hasta la tarde, tras salir del trabajo, deja el caso sin testigos familiares. «Nunca se nos hubiera ocurrido denunciar a un médico o a un hospital» declaran. No por miedo o porque no quisieran defenderse, sino porque nunca se hubieran podido imaginar que estaban sufriendo el robo de su hijo.

Antonio ha prometido a sus padres hacer todo lo posible por encontrar a su hermano. Ha recorrido Valencia con su bicicleta «ninot» y también recorre el centro de Madrid recogiendo firmas para apoyar la demanda ante la Fiscalía General del Estado.

El hijo, quien lleva el nombre de su padre, reconoce emocionado que sus padres Francisca y Antonio, se sienten culpables al recordar su candidez por confiar en los médicos cuando contaban poco más de veinte años.

No imaginaban la sorpresa que les aguardaría cinco décadas más tarde.