La quema de residuos divide a Morata

El proyecto de quema de residuos de Portland Valderrivas mantiene divididos a los vecinos de Morata de Tajuña, pueblo situado 30 kilómetros al sureste de Madrid. Discrepan acerca de si es o no nocivo para la salud que la fábrica El Alto, la más grande de España —con 60 hectáreas de extensión y capacidad para fabricar tres millones de toneladas anuales— y que aporta a las arcas municipales una tercera parte del presupuesto (1,8 millones de euros) empiece a utilizar combustibles alternativos para la producción de cemento.

El coque de petróleo es lo que aprovecha casi al cien por cien esta empresa para su fabricación, con un pequeño porcentaje de biomasa autorizado por la Comunidad de Madrid en 2009. Ahora, la Consejería de Medio Ambiente también se tiene que pronunciar para que Portland Valderrivas pueda quemar derivados de residuos de neumáticos, plásticos, harinas cárnicas o lodos de depuradora para la obtención de cemento. Estos pasarían a ser en torno al 30 por ciento del total de la producción. «Depende de lo que nos deje la administración», aseguran en la factoría.

Mientras la resolución de la Comunidad llega, los habitantes de Morata defienden opciones encontradas. Por un lado, la postura de la empresa, que postula el alcalde Mariano Franco. Los derivados de residuos no van a suponer un incremento de la contaminación en la zona, dice. Se ampara en los controles exhaustivos, los filtros híbridos y los numerosos medidores que hay en la fábrica. También en la visita que recientemente hizo a Venta de Baños, en Palencia, donde Portland Valderrivas tiene otra fábrica donde valoriza residuos. Argumenta que al quemar estos derivados a temperaturas de hasta 1.400 grados se elimina cualquier sustancia nociva. Sobre todo, las más peligrosas: las dioxinas y los furanos, unos compuestos químicos.

Desde la empresa insisten en que no son una incineradora. En esta la basura se destruye tal como llega, mientras que en los hornos de la cementera solo se queman los derivados de residuos que otras empresas se han encargado de recoger y triturar previamente. Añaden, además, que no podrían funcionar sin clínker, un compuesto que se forma tras calcinar caliza y arcilla.

La pelea de la asociación de vecinos

Frente a esta versión, está la de la asociación de vecinos del pueblo, que niega que las altas temperaturas eliminen las sustancias nocivas. Su presidente es Lorenzo Mora. Dice estar dispuesto a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la Consejería autoriza a quemar los combustibles alternativos que propone la cementera. El 15 de noviembre ya presentó una denuncia contra la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía General del Estado por admitir el informe de Portland Valderrivas.

A través de la radio local, mesas informativas o simplemente «buzoneando», la asociación intenta «informar a los morateños» del peligro que para la salud de las personas y los cultivos de la zona tiene la vaporización de residuos. De momento, han conseguido 2.174 firmas sobre un censo electoral de 5.340 personas, «el 40 por ciento de la gente», y en verano celebraron una manifestación a la que acudieron 700 personas.

Desde la asociación, que dice no pertenecer a ningún partido, aunque «Izquierda Unida es la que siempre ha estado de nuestro lado», no entienden cómo el Ayuntamiento, con mayoría del PP, avala un proyecto en el que están en contra el resto de partidos. Más si cabe, cuando en otros pueblos cercanos, como Arganda o San Martín de la Vega, en los que de igual manera gobiernan los populares, todos han votado a favor de una moción de rechazo.

Razones económicas y ambientales

Portland Valderrivas esgrime razones económicas y ambientales para un sistema que ya se utiliza en otras cementeras del grupo. Comentan que en países desarrollados como Suiza, Holanda o Noruega solo el uno por ciento de la basura no se recicla o valoriza, mientras que en España es el sesenta. Y se apoyan en que la UE lo recomienda ante la abundancia en los vertederos. Entre lo económico, no niegan que estos residuos son más baratos que el coque de petróleo, lo que supone ahorrar en los costes de producción dentro de un contexto tan competitivo como el actual, en el que se vende la cuarta parte del cemento que en 2007.

La asociación dice que hay algo más. Portland Valderrivas es una filial de FCC, constructora que entre otras muchas actividades recoge este tipo de residuos, «con lo que el negocio sería redondo». La cementera reconoce la recolección, pero asegura que ellos comprarán los residuos a otras empresas, no a FCC.

Otras críticas son que la empresa nunca ha dicho que con la valorización se cree empleo, y que por qué tiene la sede social en Navarra: «Allí paga más impuestos y aquí nos dejan la mierda». Desde Portland Valderrivas justifican que la sede esté en Navarra porque fue donde se fundó la empresa en 1903, y responden que la contratación de gente tiene que ver con el cemento que se venda, no con la quema de determinados residuos. En la actualidad, en El Alto trabajan 133 personas, de las cuales «alrededor de un cuarto son de Morata», dicen desde la empresa.

Esta situación no es nueva para el pueblo. Portland Valderrivas se asentó en su término municipal en 1972 y hace poco más de una década presentó un «proyecto parecido al de ahora». Por aquel entonces, otras grandes compañías también plantearon la posibilidad de instalar hasta siete centrales térmicas de ciclo combinado en el sureste de Madrid. Fue en ese contexto en el que nació la Asociación de Vecinos como un movimiento reivindicativo, que tras años de protesta, y con la implicación final de todas las fuerzas políticas (ya que al principio el Consistorio gobernado por el PSOE apoyaba los proyectos), lograron que la Comunidad alegara «motivos sociales» para desestimar ambas ideas.

El precedente de la central térmica

Desde la asociación le recuerdan al hoy alcalde, que entonces estaba en la oposición, el por qué hace una década se oponía a proyectos parecidos al que ahora presenta Portland Valderrivas. Incluso, dicen, encabezó una manifestación multitudinaria de más de 2.000 personas y se encerró como medida de protesta. Mariano Franco contesta que se rechazó: «Entendíamos que con la cementera ya teníamos bastante contaminación y que la instalación de otra empresa de ese tipo sería inasumible».

Los que todavía recuerdan cómo era la situación hace una década destacan que todo el pueblo «estaba unido contra la térmica, en una de cada dos ventanas había una pancarta en contra». Las mismas fuentes explican que ahora las cosas han cambiado, «a la gente le cuesta mucho comprometerse». Otros van más allá y dicen que «en Morata solo se habla de la cementera cuando sale en los medios de comunicación, pero después a la semana ya se ha olvidado».

El caso de Villaluenga de la Sagra

El conflicto que ahora se plantea en Morata ya se ha suscitado en otros pueblos en los que una cementera ha propuesto la valorización de residuos. Villaluenga de la Sagra, provincia de Toledo, es uno de ellos. Allí la plataforma Toledo Aire Limpio llevó el caso a los tribunales, pero la sentencia fue favorable a la comunidad castellano-manchega que había dado el visto bueno.

En este municipio de poco más de 4.000 habitantes resulta casi imposible encontrar a alguien que no haya trabajado o no tenga un familiar que haya pasado por la cementera del Grupo Lafarge, presente desde 1926. En un céntrico bar del pueblo se distribuyen en varias meses una veintena de hombres de 50 años para adelante. Juegan al mus. Todos, o casi todos, han trabajado en la cementera cuando sumaba «hasta 500 empleados». Daba trabajo a todo el pueblo y parte de los alrededores. Ahora muchos de ellos están prejubilados, una política que la empresa adoptó hace 20 años ante la mecanización de muchos procesos y el sobrante de mano de obra correpondiente.

Octavio es uno de los que todavía trabaja en la fábrica. Tiene 58 años y 34 de ellos los ha pasado en la cementera. Es encargado de mantenimiento. Dice que ahora quedan 75 personas, que se reparten en tres turnos diarios durante los 365 días del año. La fábrica no para. Cuando se le pregunta por la contaminación alude a los exigentes controles, para concluir que no hay ningún problema y que hay casos de cáncer en Villaluenga, «pero como en todos lados».

El hecho de que haya dado trabajo a todo el pueblo hace que pocos se opongan allí a la factoría. Así opina un comerciante, que prefiere no dar su nombre: «Cuando vino una asociación en contra de los residuos solo se manifestaron 20 ó 30 en la plaza». Él sí cree que en Villaluenga hay mucha gente «con problemas de bronquios». Y habla de la enorme influencia que la cementera ha tenido sobre la industria del pueblo, lo que le lleva a decir que antes eran «los dueños y se hacía lo que ellos querían». Habla convencido. Hasta tal punto que acaba su comentario con un dicho popular: «Cuando la cementera tose, el pueblo de rodillas».

Texto editado por Iara M. Búa