¿Está justificada la huelga de limpieza?
De aquellos polvos, estos lodos. La huelga de limpieza es una consecuencia más de las políticas privatizadoras del PP de la Comunidad de Madrid. Menos turistas, más paro y los servicios públicos deteriorados como hace tiempo que no se veía. Decadencia. Ana Botella afirmó recientemente que los madrileños se habían acostumbrado a un nivel muy alto de limpieza. Y a un nivel muy alto en sanidad, en transporte público, en educación… Otrora capital del progreso, el caos de hoy es el símbolo de un Madrid que pudo ser y no fue. Decadencia. Ahora, un ERE de 1.134 de los 6.000 trabajadores actuales, cuando antes del parón ya había quejas por la suciedad de las aceras. El Ayuntamiento ha recortado un 18% la partida destinada a la limpieza viaria en apenas tres años. No obstante, los mastodontes empresariales siguen empeñados en mantener pingües beneficios con la gestión de lo público. Decadencia. Una vez más, en esta crisis, hay otra guerra desatada por mantener derechos que son básicos para la ciudadanía. Madrid bien merece unos servicios públicos decentes con unas condiciones laborales decentes. Por tanto, sí a la #Huelgadelimpieza.
El chantaje nunca está justificado. Y lo que hacen los servicios de limpieza de Madrid, con más o menos motivos, es eso: un chantaje. Lo mismo sucedió con los controladores aéreos en su momento y lo mismo sucede con pilotos y otros colectivos con capacidad para influir en un aspecto sensible del funcionamiento de la sociedad. Todos somos conscientes de la situación delicada del turismo en Madrid, tras un verano en el que las visitas han caído de manera drástica. La imagen internacional de la ciudad se ha deteriorado aún más con esta huelga. Y aunque sería injusto culpar por completo a los huelguistas, tienen su cuota de responsabilidad. Por no hablar de los piquetes que se dedican a tirar más basura de la que se produce. Es posible que los barrenderos tengan motivos que legitimen una huelga. Y es incluso probable que tengan razón en sus reclamaciones y que las condiciones que quieren imponer las empresas concesionarias no sean admisibles. Pero lo que no está legitimado es el daño que sufre la ciudadanía, porque no tiene ninguna culpa de las negociaciones entre los trabajadores y las empresas.