¿Es necesaria la nueva Ley de Seguridad?

La democracia no es una asamblea feliz que se rija a golpes de emotividad. La democracia es la primacía de la ley sobre los caprichosos vaivenes del espíritu humano. A nuevos desafíos, nuevas normas. El nuevo proyecto de Ley de Seguridad que maneja el Gobierno tiene como principal objetivo proteger las instituciones del Estado frente a los antisistema que solo buscan desprestigiar el pacto constitucional de la Transición. Frente a las falacias de los alarmistas, la nueva ley no busca criminalizar las protestas ni coarta las libertades, porque no se puede considerar libertad el acoso a los representantes de la soberanía nacional. La ley pretende proteger la seguridad de la Policía y la Guarda Civil, con una lógica prevención a la hora de fotografiarlos. Igualmente, protegen el honor de los cuerpos, zaheridos de forma inmisericorde en oscuros aquelarres como el montado por Bildu en Alsásua (Navarra). La sociedad exige mayor contundencia para conductas como el botellón, el destrozo de mobiliario urbano, el maltrato de animales, la prostitución callejera, el dichoso láser… Solo desde una peligrosa ingenuidad se puede estar en contra de esta ley, que pretende actualizar las normas de convivencia en unos tiempos difíciles.

La ley es un intento de amordazar las quejas de los ciudadanos. Hace unas semanas, unos mossos pegaron una paliza a un empresario en el barrio de El Raval que acabó provocándole la muerte. Los supuestos abusos de los agentes fueron denunciados y difundidos gracias a los vídeos que grabaron unos ciudadanos. Si esta ley hubiera estado vigente cuando se produjo el hecho, esas grabaciones serían ilegales y los vecinos se convertirían automáticamente en delincuentes, arriesgándose a una multa de hasta 600.000 euros por filmar a los policías. Una ley que sanciona protestas pacíficas (como los escraches o las manifestaciones no autorizadas ante el Congreso) es profundamente anti-ciudadana por mucho que nos engañen con el nombre. La del Gobierno es una estrategia de represión de manual: la “seguridad” vuelve a ser la excusa para maquillar lo que en realidad es un recorte de libertades. Ya no tiene uno derecho ni a quejarse. Habrá mucha gente que no proteste ni salga a la calle por miedo a las sanciones que son muy desproporcionadas. ¿Quién puede pagar 600.000 euros por protestar frente a la casa de un político o 30.000 por beber en la calle? La ley está mal planteada desde su propia estructura: mezcla botellón, prostitución, escraches o manifestaciones en un mismo proyecto legislativo. Si quieren que los ciudadanos nos sintamos seguros, que los partidos políticos multen a los delincuentes que tienen en sus filas. Así todos nos sentiríamos un poco menos estafados. No es de extrañar que el Gobierno se lo haya pensado dos veces y haya decidido posponer su presentación ante el Consejo de Ministros.