Lo toma o lo deja. Un mes de huelga de autobuses y 26.000 rehenes
La autovía de Burgos (A1) es una arteria de dos carriles que une Madrid con el Norte de España. Serpentea perezosamente a través de los polígonos industriales y los edificios relucientes de la periferia y antes de llegar a Segovia, atraviesa las suaves llanuras en las que crecen bolas de granito del tamaño de casas. Como en cualquier otra carretera, a ambos lados de los carriles moran los habitantes más frecuentes de las cunetas: los letreros luminosos de los clubes, las gasolineras con sus precios decimales y la flora de señales reflectantes. No tiene nada de particular. Quizás que los fines de semana y en vacaciones se satura como por obra y arte de una comilona grasienta, con sus coches erráticos y cargados de bártulos en el techo, con los baches traidores más allá del kilómetro 55. El resto del año aguanta estoicamente las inclemencias del Norte: la lluvia y los charcos, la nieve, la niebla y el viento que azota el costado de los tráilers.
Para las 26.000 personas que viven en alguno de los 42 municipios de la Sierra Norte, la Pobre, la autovía de Burgos es el único modo de llegar a la capital. El automóvil es la mejor opción si el sueldo lo permite, pues no hay trenes, no hay metro, tan solo un puñado de líneas de autobuses interurbanos de la compañía ALSA. Estos mastodontes verdes se mueven despacio y suspiran en cada parada con la larga frenada. Llevan a los chicos al instituto, a los trabajadores a su trabajo y a los jubilados al hospital. Un día tras otro.
Pero desde el 5 de marzo, la huelga indefinida de autobuses dificulta que los viajeros lleguen a su destino, tanto en la Sierra Norte como en algunas líneas interurbanas del Corredor del Henares. Se forman largas colas, se acumulan los retrasos y los pasajeros tienen que viajar de pie porque se llenan los asientos. Los menos afortunados se quedan fuera del autobús y tienen que esperar hasta tres horas al próximo, por muy larga que haya sido su jornada. Y aún puede ser peor. Algunas personas han resultado heridas después de que supuestos piquetes lanzaran objetos contra los cristales en varias ocasiones. Y ha habido más incidentes para acabar con los servicios mínimos aparte de las lunas rotas: ruedas pinchadas, retrasos intencionados y basura desperdigada sobre los asientos.
Un mes de huelga
¿Cuál es el motivo de que la huelga se haya prolongado casi un mes? Básicamente, la supresión o modificación del «tome y deje», una práctica por la cual los conductores cumplen su jornada de 8 horas y emplean una o dos horas más para tareas de mantenimiento y seguridad del autobús. El objeto de este «tome y deje» es darle tiempo al conductor para que supervise el estado del vehículo y se encargue de las tareas de mantenimiento y seguridad de un automóvil que puede transportar más de 100 personas. Se comprueban los extintores, la presión de las ruedas, se hace el repostaje, se comprueba el nivel del aceite, etc.
Como dejan de realizar esa tarea y de trabajar esas horas, su sueldo disminuye entre 150 a 300 euros. Normalmente, su salario oscila entre los 1400 a los 3000 euros, aunque suele estar cerca de los 2000. Pero solo 420, de los más de 5000 trabajadores de ALSA están en huelga, y por eso solo hay algunas líneas afectadas. Y la razón es que solo los trabajadores de Nex Continental Holding, contaban con el «privilegio» del «tome y deje».
Las líneas interurbanas de la Sierra Norte estaban cubiertas por Continental Auto. Cuando National Express compró la empresa en 2007 y adquirió la concesión de la línea, contrató a los trabajadores de Continental y se comprometió a mantener sus condiciones laborales. Entre ellas figuraba el «tome y deje», una práctica que fue ratificada por una sentencia del Tribunal Superior de Madrid el 20 de junio de 1993.
Según Miguel Ángel Patiño, delegado de UGT en Nex Continental Holding, «no nos negamos a una bajada del salario, pero no en esa cantidad». Recuerda que, para evitar que despidieran a 15 de los 420 conductores de Nex Continental, los trabajadores acordaron una congelación salarial de tres años y la disminuición del total de horas trabajadas en una semana al año. Señala una forma de acelerar el fin de la huelga: la presión ejercida por los ciudadanos a través de las reclamaciones para que el Consorcio de Transportes arbitre.
Un conductor con más de 30 años de experiencia que prefiere mantener el anonimato reconoce que «algunos de mis compañeros han roto lunas de autobuses». Explica que si una se rompe, el coche debe detenerse y los viajeros deben pasar a otro vehículo. También reconoce que algunos conductores circulan más despacio adrede para que los viajeros lleguen con retraso a pesar de los servicios mínimos.
Y se pregunta: «¿qué pasa con la seguridad, si van 50 viajeros de pie? ¿para qué sirve llevar cinturones en los asientos? ¿Qué pasa si doy un frenazo en la carretera?». Señala que los autobuses interurbanos circulan por carretera y autovías y pueden ir hasta a 90 kilómetros a la hora con gente de pie. «Si la Guardia Civil te para con gente de pie, te dice que continúes, no es ilegal». Y concluye: «Ni los viajeros ni los trabajadores van ha conseguir nada. Solo el Consorcio de Transportes pueden conseguir que haya un acuerdo».
«Hacemos fácil tu viaje en autobús»
A bordo de uno de esos autobuses, cuesta afianzar las piernas para tomar notas en la libreta. En Plaza Castilla se han subido al autobús unas 80 personas. 60 van sentadas y el resto de pie. Hay quienes aprovechan para leer el periódico o para estudiar. Después de un mes de huelga, las caras agotadas de las seis de la tarde no muestran sorpresa o indignación. Pero sin costumbre, la agilidad es la única defensa para no darse de bruces contra el suelo.
El autobús frena, se sacude, a punto estoy de caer. No es difícil encontrar a alguien que haya visto alguna caída. Aunque es obligatorio usar cinturón de seguridad en los asientos, los pasajeros que van de pie quedan sumidos en un vacío doble: el legal y el físico. Cuesta imaginar las consecuencias de un frenazo intenso, o un bandanzo a 90 kilómetros a la hora, la velocidad máxima permitida en carretera cuando hay pasaje de pie. También resulta complicado pensar en cómo podrían meterse 50 personas, que es la capacidad máxima marcada por un cartel, en el espacio del pasillo y las escaleras.
Luis López estudia Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, y aprovecha la huelga para estudiar después de clase. Si no cabe en el autobús de las tres de la tarde, solo le queda esperar hasta el de las seis: «No sé quién tiene razón, me pongo en el lugar de los conductores. Lo que sí creo es que la gente lo paga con ellos y que se enfada demasiado». Otros llegan tarde al trabajo, y no se lo toman con tanta calma. «Llego tarde a trabajar después de que pago 100 euros de abono», se queja Carmelo M., un comercial de una empresa que vende hielo por la sierra. «He estado en paro dos años, y ahora que tengo trabajo me pasa esto». Y añade: «Si nos uniéramos y cortáramos el tráfico, como hicieron una vez en mi pueblo» -cerca de Lorca- «esto no pasaría».
Algunos señalan al Consorcio de Transportes. Bien porque deberían devolverles el dinero que reciben por un servicio que no reciben, el de viajar hasta sus casas o trabajos, bien porque podrían adoptar un papel de mediadores entre la empresa y los trabajadores en huelga. «Llamé al consorcio y les pedí que me devolvieran el dinero, y la telefonista se rió y me dijo que cómo iban a devolverle a todo el mundo su dinero», recuerda Salomé Sanz. J. C. M., otro viajero, afirma que «el consorcio debería buscar alternativas. Dependemos de una sola línea y estamos indefensos».
Otros señalan a los ayuntamientos de la zona, pues «no luchan por los intereses de la gente que los vota», según Carmelo M. Sin embargo, algunos ayuntamientos afectados ya han manifestado su descontento por la situación, aunque aún no han formado un frente común. Por ejemplo, el consistorio de Torrelaguna envió el pasado 2 de abril una carta de protesta al Consorcio de Transportes.
El autobús llega a Alcobendas y se pasa de largo una primera parada. Los viajeros comienzan a murmurar. La gente que estaba en la parada y se queda sin viaje, sigue con la vista la silueta que se va. En la siguiente parada en la que el autobús no se detiene, los murmullos se transforman en gritos y el conductor responde: «¡No puedo subirles! Así no se sale. Yo no puedo, ¡me echan a mi casa! ¡Me echan a mi casa!».
Cuando le pregunto el conductor me recuerda que no puede hablar mientras conduce. Bajo sus gafas de sol añade: «Le pido disculpas a los viajeros por las molestias que yo les haya podido causar».
Piquetes, trabajadores en huelga, sindicatos, empresa y consorcio de transportes. Sea cual sea el desenlace de una huelga que dura más de un mes, día a día los ciudadanos de la Sierra Norte sufren sus consecuencias.
[twitter_follow username=»GonzaloSyldavia» language=»es»]