¿Quién vigila a los vigilantes?
Unos «tótems o quioscos» vigilan ahora las calles. Se trata de cuatro dispositivos, ubicados en la Glorieta Virgen María, otro junto al centro comercial Las Lomas, en el cruce de Miguel Ángel Cantero Oliva con Julio Fuentes (Urbanización Viñas Viejas) y en la calle Labradores, en el Parque Empresarial Prado del Espino, como cuatro carteles grandes de publicidad, a través de los cuales la Policía Local puede comunicarse directamente con los ciudadanos, atender sus problemas y sus denuncias con una videollamada. Al otro lado de la pantalla hay un agente que puede ver a la vez seis monitores.
El temor y la necesidad de seguridad se desató en 2007. El empresario madrileño José Luis Moreno, productor y realizador de espectáculos, fue asaltado en su casa, en una de las urbanizaciones de Boadilla del Monte. Fue golpeado duramente. Su servicio doméstico también sufrió las consecuencias del ataque. A partir de ese momento, se manifestó un temor latente en los ciudadanos desde que la localidad comenzó a crecer. Las cámaras de seguridad empezaron a convivir con los vecinos por propia petición ciudadana. Todavía están las solicitudes informales de los ciudadanos a través de Twitter. Con cada nuevo caso de violencia las redes sociales se encienden entre partidarios y detractores de la videovigilancia.
«Entre la seguridad y el Gran Hermano… total, ya nos espían con las “cookies” en el ordenador», dice una vecina. Y no es la única. Todas las personas preguntadas ofrecen la misma declaración: «la seguridad es importante». Solo en internet se habla abiertamente de las críticas. Muchos comparan la situación con 1984, de George Orwell. Desde hace años se escriben noticias con un titular relacionado con el Gran Hermano. Sin embargo, la diferencia radica en que el mundo creado por el británico era una sociedad distópica basada en el socialismo. Además en la sociedad orweliana las cámaras eran visibles –telepantallas– y estaban presentes en la vida de los ciudadanos. Aquí, sin embargo son pequeñas y discretas. Pocos se han fijado dónde están.
La necesidad de seguridad
Con el desarrollo de la economía del municipio se construyeron nuevas viviendas y se creó una zona empresarial, el polígono Prado del Espino. Con nuevos vecinos y nuevos puestos de trabajo las carreteras mejoraron rápidamente. Hacía falta conectar el pueblo con el centro de Madrid con mayor agilidad. Pero también aumentaron las vías de escape.
La necesidad de aportar seguridad a una zona residencial ha llevado a instalar 111 cámaras de seguridad según el Ayuntamiento. Seguridad y circulación es uno de los temas más cuestionables. Las videocámaras instaladas para el control y vigilancia de los espacios públicos cuentan con una regulación especial. Deben estar identificadas y recordar los derechos de los ciudadanos. Según la INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, para su instalación, debe quedar probado que son «idóneas», «necesarias» y que se deriven de ellas más «beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto», es decir, que cumplen con «un juicio de proporcionalidad».
Todos los accesos al municipio están vigilados. Un pionero sistema registra todas las matrículas que entran y salen del Boadilla: «En caso necesario, y a requerimiento de la autoridad judicial competente, el sistema puede detectar vehículos sobre los que pese cualquier irregularidad o denuncia», declara el Ayuntamiento. Colegios e institutos cuentan con cámaras que supervisan todo lo que pasa en los alrededores. Los edificios municipales también están vigilados. Aunque la regulación específica recoge: «Se trata de evitar la vigilancia omnipresente».
La finalidad
El Ayuntamiento expone que las cámaras permiten «controlar el tráfico de vehículos», así como «mejorar la seguridad vial y la movilidad». Si esta fuera su función no sería obligatorio que estuvieran anunciadas con carteles. Ante una noticia aparecida en televisión, el alcalde, Antonio González Terol, comenta en su página web: «Boadilla, cada día un municipio más seguro: más de 100 cámaras de videovigilancia, 4 comisarías electrónicas y con unas cifras de criminalidad de 20,9 infracciones penales por cada mil habitantes frente a las 44,4 de la media nacional, según datos aportados por el propio secretario de Estado de Seguridad».
Lo que ningún reportaje recoge es la ubicación de los avisos, colocados a las entradas del municipio, en los que se advierte: «Zona videovigilada Ley orgánica 15/1999, de protección de datos. Puede ejercitar sus derechos ante: Concejalía de Seguridad, Calle José Antonio, 42 Boadilla del Monte. Los letreros tienen dimensiones parecidas a que cualquiera que se pudiera encontrar en el metro de Madrid, por ejemplo. La cuestión es que éste se encuentra fijado a un poste, a unos dos metros de altura, en una isleta de la carretera de Boadilla a Majadahonda. Solo puede leerse cruzando a pie. El informe 0084/2007 de la Agencia de Protección de Datos reconoce que no hay unas dimensiones específicas para los carteles. Solo explica que deben ser visibles, aunque su contenido sí que está regulado.
Sin embargo, Agencia Española de Protección de Datos especifica que los responsables de la vigilancia deberán «colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados […]»
«¿Y dices que ahora mismo nos está grabando una cámara?», pregunta un vecino. La reacción es una mezcla entre estupor y sonrisa. Como si no lo quisiera creer. Otro asegura que «eso no puede ser legal»
Un poste, como el de una farola, pero con el doble de altura ostenta al final una cámara. Cuando se sabe dónde mirar son fáciles de distinguir: tienen una base más amplia y ascienden como un mástil alargado. Fijado cerca de su base hay un cajetín. Dentro tiene circuitos electrónicos. Algo que no necesita el sistema de alumbrado. En la entrada a Boadilla por la carretera de Majadahonda una farola tenía antes uno de este tipo. Ahora, sin embargo, un asta independiente, protegida por una valla metálica, sujeta una cámara que enfoca directamente a las matrículas de los coches que llegan.
El total
Además de las instaladas por los servicios de seguridad y control del tráfico y además de las cámaras que vigilan monumentos como el Palacio del Infante Don Luis, la empresa privada concesionaria del servicio de Metro Ligero también cuenta con más instrumentos para vigilar sus vías. La ciudad financiera del Santander también está vigilada. La mayoría de los porteros automáticos también tienen ojos en el exterior. Las casas particulares de las urbanizaciones miran a ambos lados de la puerta. Y las nuevas comisarías electrónicas enfocan directamente a la calle y pueden ver la cara de los viandantes.
Un centenar de cámaras son públicas, 115 en total. Pero es difícil saber cuántas veces se multiplica ese número contando con las cámaras privadas. La pregunta ya se la hizo el romano Juvenal retomando una máxima de su tiempo. También la recogió Alan Moore en su cómic Watchmen –literalmente, los hombres que miran–, después llevado a la gran pantalla. Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes?
Un periodista, por la noche, hace una foto a una cámara de seguridad.
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