El nuevo modelo y la orientación universitaria
La actual regulación de la enseñanza en España comenzó antes de la Transición. En 1970 se aprobó la Ley General de Educación que establecía las bases de todo el sistema académico desde la etapa infantil hasta la universidad. Las leyes no han dejado de sucederse, con una periodicidad cada vez más breve. Y los motivos no han sido siempre educativos.
La última reforma ha venido a través del Real Decreto 43/2015 publicado el pasado dos de febrero. El modelo que se implantó en 2007 se ha declarado ahora obsoleto. Según el Ministerio de Educación, se trata de «homogeneizar, en los casos en que se vea conveniente, la duración de los estudios universitarios de Grado y Máster en España a la duración de estos estudios en los países de nuestro entorno». Sin embargo, cuando se implantó el modelo «4+1» (cuatro años de Grado y uno de Máster), en muchas universidades de Europa ya existía el modelo alternativo del «3+2». El cambio que se ha propuesto ha sido orientar los estudios universitarios de forma más generalista (tres años) y aumentar la especialización en el segundo ciclo de estudios universitarios, que pasa de uno a dos años.
Las sucesivas reformas de la ley de universidades y la falta de consenso entre los partidos políticos en las leyes generales de educación siempre son fuente de polémica. En el caso de las reformas universitarias derivadas de la implantación del Plan Bolonia o el Espacio Europeo de Educación Superior, las críticas siempre vienen acompañadas del concepto «mercantilización» referido tanto a las titulaciones de enseñanza superior como a los estudiantes y a los profesores.
Esta mercantilización afectó en primer lugar a la finalidad de los estudios universitarios. Con la implantación del Plan Bolonia, en 2007, cambió la orientación de las facultades. El Real Decreto que introdujo la reforma dice que el Grado tiene como finalidad «una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional». La que estaba vigente hasta ese momento, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), de diciembre de 2001, sostenía que la función de la universidad era «la educación superior», que consistía en «la investigación, la docencia y el estudio».
Mala implantación
Según profesores universitarios consultados que prefieren no dar su nombre, la implantación del Plan Bolonia fue «un gran fracaso». Se quería limitar el número de alumnos por profesor, pero la inversión no fue aprobada y «no aumentó la contratación». El volumen de estudiantes en las aulas no disminuyó y las tutorías individuales que preveía el plan se imparten de manera grupal en muchas facultades. Como si se tratase de una clase más. La atención individual a los alumnos, y la resolución de dudas y problemas no ha podido llevarse a cabo.
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, declaró, a raíz de la última manifestación, que llamar a este nuevo modelo «3+2» es falso, puesto que el estudio del segundo ciclo no es obligatorio. Sin embargo, los másteres «profesionalizantes» sí que son obligatorios para el ejercicio de determinadas profesiones como la abogacía o la enseñanza.
Aunque los miembros de la universidad han señalado que no es verdad que lo que antes se enseñaba en cinco años ahora se imparta en tres y que ha bajado la calidad y la cantidad de los estudios, el debate se ha visto empañado por intereses espúreos.
El pasado 24 de marzo, la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes, Unión general de trabajadores (UGT) y Comisiones obreras (CC.OO) acabó por desdibujar los términos del debate. Entre los estudiantes en contra de los dos sindicatos mayoritarios, el apoyo de colectivos externos a la universidad, el seguimiento desigual de las huelgas, los actos violentos del campus de Somosaguas y los eslóganes variopintos, las cuestiones acerca de cómo debe ser la universidad han quedado relegadas a un segundo plano.
