La Peineta, un estadio politizado
Nunca un terreno de juego había sido un campo de batalla judicial, político y económico de tal calibre como está resultando ser La Peineta. Un estadio inaugurado en 1994 que tuvo un brillante pasado y tiene un dudoso futuro. Remodelado para las infructuosas candidaturas olímpicas de Madrid, hoy sigue en construcción pero con las licencias paralizadas. Un convenio firmado por el Ayuntamiento y el Atlético en 2009 y un nuevo gobierno encabezado por Carmena han vuelto a poner sobre la mesa un complejo conflicto de intereses.
El que fuera alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2004 un proyecto para convertir el campo municipal de La Peineta en un estadio olímpico. Pero sabía que la elección de Madrid como sede olímpica en 2012 era una empresa complicada. Por ello, firmó en diciembre de 2009 un convenio con el club colchonero, para garantizar la supervivencia de esta parcela del distrito de San Blas.
En un primer momento el traslado estaba previsto para 2012. Sin embargo, los sucesivos fracasos de la candidatura olímpica y la crisis económica provocaron que la fecha se pospusiera hasta junio de 2017. Además, la batalla entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, ambos del PP, no hacía más que dificultar el proceso.
El convenio obligaba al Atlético de Madrid a arrendar o comprar el terreno donde se iba a levantar la Peineta. El estadio había sido tasado en cero euros por su notable estado de deterioro y, por ello, se acordó su derribo. Este suelo municipal de unos 88.000 metros cuadrados fue valorado en 41,2 millones de euros. Además, el club tendría que abonar 195 millones de euros para construir un nuevo campo con una capacidad de 73.000 localidades (20.000 asientos más que en el Vicente Calderón), según el diario AS.
El acuerdo firmado estimaba que la parcela se entregaría al club en régimen de concesión hasta que finalizasen las obras en abril de 2017. Una vez finalizadas, el Atlético podría comprar el terreno y convertirse de este modo en propietario. Pero a mediados de 2015 el precio de tasación se actualizó y ascendió hasta los 44,5 millones de euros. Los problemas no habían hecho más que comenzar. Además, el club ya había abonado al Ayuntamiento 6,2 millones mediante la entrega de unas 130.000 entradas para partidos de fútbol entre 2009 y 2014, según fuentes de El País.
UN PROBLEMA DE LICENCIAS
Para formalizar la venta del suelo municipal al Atlético de Madrid era obligatorio cambiar el planeamiento urbanístico, puesto que el terreno tenía carácter de uso público deportivo y no podía ser enajenado. El Consistorio, gobernado por el PP, impulsó una medida urbanística para convertirlo en suelo deportivo de uso privado para que el conjunto rojiblanco pudiese adquirirlo. Pero el Gobierno regional discrepaba acerca de las cargas urbanísticas que debía abonar el club a la hora de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Comunidad estimaba que el precio ascendía a 78 millones, doblando la cantidad que había sugerido el Ayuntamiento. El Atlético se opuso totalmente y decidió paralizar la operación urbanística.
Pese a que la modificación puntual del PGOU fue aprobada por la Administración local a principios de 2015, la Comunidad no validó la operación por estar desacuerdo con las medidas compensatorias que fija la Ley del Suelo en la venta de terrenos municipales. La Corporación alegó entonces que no había supresión de la dotación, sino que se mantenía como instalaciones deportivas privadas y, por lo tanto, no era necesaria esa compensación.
El Ayuntamiento actual —en manos de Ahora Madrid— está estudiando el expediente en este momento. Queda pendiente otorgar la licencia de cubierta y urbanización complementaria, pero en el contexto actual no existen estimaciones ciertas sobre el traslado y la finalización de la obra.
Esta situación de incertidumbre no afecta sólo al club y a las instituciones. Los vecinos y hosteleros de la zona colindante a La Peineta llevan años esperando una solución que les permita adaptarse al nuevo escenario. «Aquí hay pocos clientes y el traslado del Atleti a La Peineta iba a ser un respiro para mi bar en los días de partido. ¡No hay derecho a que mareen tanto la perdiz!», comenta enfadado Ricardo, un hostelero de la zona.
El estadio de fútbol situado al Este de Madrid, está en una zona residencial muy tranquila, entre la M-40 y el final de la Avenida de los Arcentales. Por eso, no todos los vecinos están de acuerdo con el cambio de ubicación del equipo rojiblanco. A Manuel, que lleva más de la mitad de su vida en la zona no le parece una buena decisión: «No voy a poder aparcar, y lo que es peor, van a perturbar una zona que es muy tranquila por naturaleza».
EL LADRILLO COMO MONEDA DE CAMBIO
El club tenía en mente una compleja operación en la que todos salieran ganando. Para hacer frente a todos los gastos que conlleva el proceso urbanístico, el Atlético firmó un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y con Mahou (propietaria de los terrenos junto al Calderón), para construir 2.000 pisos en espacio que actualmente ocupa el feudo colchonero. FCC tenía planeado pagar el coste de las obras de La Peineta con las ganancias de los pisos que iba a construir en el eje Madrid Río. Pero por la caída de los precios de la vivienda a la constructora ya no le salen las cuentas.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento para la construcción de las viviendas en el eje Madrid Río. La idea inicial era levantar dos torres de 17 pisos. Sin embargo, en 2009 ya había sido vetado por incumplir la ley regional del suelo, que impedía la construcción en esa zona de edificios de más de cuatro plantas.
La razón por la que el proyecto encabezado por FCC, Mahou y el Atlético se ha visto truncado judicialmente ha sido los recursos interpuestos por dos asociaciones: Señales de Humo y Ecologistas en Acción, que defienden que la construcción de esas viviendas conllevaría un grave impacto medioambiental y visual. El proyecto sigue en vigor pero estas asociaciones han presentado nuevos recursos con el fin de que nunca llegue a realizarse.
En cualquier caso, el convenio firmado en 2009 por el Atlético y el Ayuntamiento prevé tres alternativas para los terrenos municipales del distrito de San Blas. En el primer caso sería la ampliación de la concesión pagando un canon de 1,6 millones durante un periodo máximo de 75 años, según algunas Peñas que citan fuentes del club. Pero el club se niega rotundamente. Otra opción es que se quede en su actual estadio y que perciba una indemnización superior al coste de la construcción de La Peineta. Por último, la enajenación de la instalación: el Atlético de Madrid pasa a ser propietario del nuevo estadio a todos los efectos. Las negociaciones políticas continúan y se prevé que hasta final de 2016 no sea posible tomar una decisión. Hagan sus apuestas. La suerte está echada.