Noches a la intemperie, el precio para conseguir el NIE
AUTORES: CARLOTA BARCALA Y GABRIELA PONTE
Cae la madrugada en el barrio de Tetuán y ya son decenas de personas las que esperan a ser atendidas en la Oficina de Extranjería de la calle San Felipe. Chloe Cochet, una francesa de 19 años, tuvo que coger el último metro para conseguir ser la primera en la fila de personas que quieren solicitar el Número de Identificación de Extranjero (NIE). Ella, como muchos otros, solo lleva consigo un abrigo y un trozo de cartón para intentar resguardarse del frío mientras espera sentada en la acera madrileña.
Con el objetivo de legalizar su situación, los inmigrantes deben permanecer, en muchos casos, hasta ocho horas frente a esta comisaría para conseguir uno de los 20 números que se reparten a diario, tal y como afirman las personas afectadas. Chloe desea tener éxito en su tercer intento y afirma que «la organización es muy complicada porque deben quedarse toda la noche a la intemperie. 20 números son insuficientes para toda la cola que se forma».
El NIE es el documento de identificación de cualquier extranjero que se encuentre en España y se solicita directamente en las Oficinas de Extranjería o en las Comisarías de Policía, dependientes del Ministerio del Interior y de la Delegación de Extranjería del Gobierno. Este requisito indispensable se debe aportar para tener acceso a cualquier servicio, como abrir una cuenta bancaria, alquilar un piso o poder ser dado de alta en la Seguridad Social, de ahí su importancia y requerimiento de urgencia.
Para empezar una vida normal, un ciudadano extranjero necesita solicitar el NIE, pero esto no le permite regularizar indefinidamente su situación en España. La asignación de este número es provisional hasta que el ciudadano especifique para qué lo requiere. En caso de que su intención sea residir permanentemente en el país, debe solicitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).
En esta situación se encuentra Escarlet Lagos, una hondureña que duerme en la puerta de la oficina de Tetuán por tercera vez y que necesita el NIE para buscar trabajo. Lagos señala que «si no entras en el cupo, la Policía te envía a la oficina de la Avenida de los Poblados, en Aluche, o te recomienda que solicites la cita por Internet».
Sin embargo, debido a la lentitud del trámite, la cita se consigue un mes después de la fecha de solicitud y, según la legislación, solo se dispone de 90 días para obtener la documentación. Por esta razón, la mujer considera inviable la solicitud online y prefiere pasar la noche en vela y tener la seguridad de ser atendida.
En el intento de no querer asumir la realidad, fuentes policiales de Tetuán aseguran que «la entrega máxima de 20 números es un bulo extendido. Aquí atendemos a tantas personas como nos permite nuestra organización diaria». En Madrid hay 14 Comisarías de Policía que realizan los trámites de Extranjería, pero solo la oficina de Tetuán y, en ocasiones, la de Aluche atienden sin cita previa. Debido a esto y a pesar de la situación visible todos los días, la Policía mantiene su versión: «Por ejemplo, hoy hemos repartido 45 números para el NIE», zanja el funcionario consultado.
Esta situación no difiere mucho de lo que ocurre en Aluche. El edificio, que anteriormente era una cárcel, ofrece más servicios que los disponibles en Tetuán. A pesar de que la mayoría de los trámites requieren cita previa, las personas esperan en la calle durante horas a ser atendidas. Últimamente esta comisaría ha tenido que encargarse de los inmigrantes que han sido derivados desde Tetuán, retrasando, de esta manera, el proceso y dificultando aún más los trámites.
Fuentes policiales aseguran que «diariamente atendemos alrededor de 800 personas que vienen a realizar diferentes trámites». Aunque se resuelven las diligencias relativas al NIE, la ubicación de Aluche en las afueras de Madrid capital, hace que las personas prefieran acudir a otras oficinas antes que desplazarse hasta Carabanchel.
Falta de voluntad administrativa
«Una amiga vino hace cinco meses y la situación no era así. No tuvo que pasar tres noches aquí como yo, sino que la asignación fue inmediata», comenta la hondureña Lagos. La abogada experta en extranjería, Máchelin Díaz, coincide con esta versión y no tiene reparos en criticar la gestión de la Administración Pública. «Hace semanas daban más números que ahora, la situación actual no se vivía antes. En esta época del año siempre hay atraso en la Administración debido a la falta de funcionarios policiales durante el periodo estival», se muestra tajante la abogada.
«Yo lo que siento es que la Administración no tiene voluntad de ayudar y de decir cómo son las cosas para facilitar el trámite. Ponen unos requisitos que vuelven locas a las personas. Además, se tiene una actitud de restar importancia a todos los temas de Extranjería porque se piensa que los inmigrantes son una carga para España, incluidos los comunitarios», critica Díaz.
Por su parte, el abogado Pedro Fernández Bernal, también experto en estas cuestiones, profundiza en el asunto y habla de factores económicos. «La lentitud en el proceso se debe, sobre todo, a la crisis económica. De hecho, entre los extranjeros existe la creencia generalizada de que España ya ha salido de la crisis». Es por esta razón que el letrado no duda en cargar también contra aquellos ciudadanos que se intentan aprovechar de las ayudas del Gobierno. «Hay mucha gente que se legaliza y está abusando de los servicios sociales, tanto de la vivienda protegida como de las ayudas al alquiler social. De la misma forma, están los que se mantienen en paro y cobran la ayuda de los 400 euros».
Debido a la mejora en la situación económica, la avalancha de inmigrantes que ha ingresado a España se ha incrementado en los últimos años. Este escenario se agudiza cada verano y es otro factor que influye en el colapso de las Oficinas de Extranjería. En 2016, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 85.726 inmigrantes llegaron a la Comunidad de Madrid, de los cuales 68.181 eran extranjeros provenientes, en su mayoría, de países como Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.
En situación irregular
La situación de irregularidad lleva a los inmigrantes a encontrarse en desamparo legal. Las gestorías aprovechan la falta de información sobre el proceso y la prisa de estas personas para conseguir beneficio económico. «Tan solo por imprimir una planilla, que ahora sé que se consigue en internet, me cobraron seis euros», denuncia la venezolana Caterina Cámara.
Por otro lado, las gestorías también llevan a cabo funciones de asesoría y acompañamiento de los clientes que lo soliciten, como si de un abogado se tratase. «No considero que los servicios de una gestoría sean una estafa, sino una cuestión de rapidez para agilizar los trámites de los inmigrantes», declara la abogada Máchelin Díaz.
Pero sí que existen presuntas estafas y personas que se aprovechan del miedo y desamparo al que se enfrentan los extranjeros. Muchos reciben amenazas económicas por no tener los papeles en regla, lo que les lleva a vivir bajo presión y cohibirse de realizar una vida normal. «Las personas indocumentadas no tienen por qué ir a la cárcel, sino solo recibir una falta administrativa con multas que rondan los 2.000 o 3.000 euros», argumenta Díaz, que anima a denunciar a todas las personas que se encuentren en esta tesitura. «La situación de irregularidad nunca es la mejor opción porque la persona está expuesta a que todos sus derechos sean violados». En lo que respecta a la deportación, la abogada afirma que las personas que se enfrenta a la expulsión son las que tienen «mala conducta cívica o antecedentes legales».
En caso de encontrarse sin papeles, los inmigrantes tienen derecho a la asistencia sanitaria en situación de emergencia, cuando se trata de un menor de edad o cuando una mujer está embarazada. Asimismo, se puede disponer de asistencia letrada si el inmigrante indocumentado es detenido, momento en el que se enfrenta a un expediente de expulsión.
Los derechos son mínimos y los riesgos aumentan para aquellos que no legalizan su condición. Los bancos pueden cerrar las cuentas de los extranjeros y sumirlos en un vacío legal y económico del que difícilmente se recuperan. No solo se arriesgan a multas económicas y a la deportación, sino a vivir en una realidad de penurias y precariedad. No pueden firmar un contrato de trabajo ni alquilar sin la ayuda de sus familiares. Simplemente, se limitan a vivir en la sombra.