Crece el número de pisos turísticos y sube el precio del alquiler en Lavapiés
Por todo Madrid existen casi 25.000 pisos turísticos solo de Airbnb, según DataHippo, un proyecto colaborativo para ofrecer datos de diferentes plataformas de alquiler turístico. A ello se suman las ofertas de otras empresas, como HomeAway (4.193). Solo en Lavapiés, entre todos los servicios, el total supera los 4.000 pisos. Mientras ese número crece, también sube el precio de los alquileres en el barrio, a pesar de las protestas de sus habitantes, que se ven forzados a mudarse.
En los últimos tres años, de 2015 a 2018, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 37% en Madrid, donde, solo entre agosto de 2017 y enero de 2018, creció en 3.000 el número de anuncios de Airbnb. En Lavapiés, ahora los alojamientos turísticos superan el 15% de las viviendas. Todo eso hace que la población del barrio sea la que más disminuye en la capital: un 11% menos de residentes desde 2010.
Para los vecinos de Lavapiés, esa coincidencia no es casualidad. Irene Bassanezi Tosi, doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III y residente del barrio hace tres años, comenta el escenario: «Se deberían reglamentar los pisos Airbnb y poner limites de precios, para que no suban consecuentemente también los precios de alquiler. Creo que las inmobiliarias ganan con el aumento de los precios, por lo tanto no miran a un interés general, sino a un interés solamente comercial. El aumento de los precios conlleva echar del barrio a personas que viven aquí desde hace décadas».
A lo que dice Irene se suman otros vecinos del barrio, incluso a nivel institucional. En declaraciones a Madrilánea, la Asamblea de Lavapiés se posicionó en contra de los pisos vacacionales «y de la política del Ayuntamiento en el tema», por no existir todavía una reglamentación de los Airbnb. «Son cómplices en la gentrificación y turistización de Lavapiés», argumentan.
Otras organizaciones populares del barrio, como Lavapiés, ¿dónde vas?, comparten ese discurso: «No aceptamos ser excluid@s o desplazad@s porque en el ciclo actual de la crisis otros con más poder (adquisitivo, pero no solo) hayan puesto sus ojos, codiciosos, sobre los lugares que, con tanta dificultad y vitalidad, habitamos», dicen ellos en su sitio web.
La demanda de esas y otras organizaciones de vecinos de Lavapiés es la misma: la reglamentación de los pisos turísticos, principalmente porque se estima que entre el 25 y el 30% de plazas no estarían legalizadas, según Lavapiés, ¿dónde vas?.
El otro lado
Al otro lado de la cuestión de los pisos turísticos están aquellos que los alquilan. Para muchas personas, alquilar viviendas o habitaciones vacacionales son maneras de complementar la renta.
Es el caso de G., que pidió preservar su identidad y que alquila un piso a turistas en el barrio por medio de Airbnb hace ya tres años: «El alquiler turístico tiene un poco más de rentabilidad que el común porque es una estancia corta, no tienes ningún inquilino fijo. Pero tienes otros gastos», defiende. Entre esos otros gastos estaría el impuesto que debe pagar y que le permite el alquiler como actividad económica, la limpieza del piso y el hecho de asumir todos los costes (repasados al turista de alguna manera en el precio de la diaria): agua, luz e internet.
Sin embargo, G. reconoce que los Airbnb terminan por encarecer los pisos de alquiler común «bastante». Pero, para las organizaciones, el problema no son los pequeños propietarios como G., sino las grandes empresas que compran de cinco a más viviendas para, en seguida, alquilarlas a turistas, o que actúan como mediadoras y gestoras, con lo cual ganan una comisión —lo que se denomina realquilar—.
De hecho, apenas el 5% de los anfitriones tienen cinco o más anuncios en la plataforma, pero el DataHippo indica que esos pocos concentran, juntos, más de cuatro mil plazas por todo Madrid.
Tramita un plan de reglamentación en el Ayuntamiento
Enfrentándose a esos datos y a la presión de los residentes de Lavapiés, el Ayuntamiento de la capital aprobó en julio un plan de reglamentación para «preservar el uso residencial y frenar la implantación de los alojamientos turísticos», llamado Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje.
El borrador del proyecto se aplicaría a una superficie total de 52.768.610 metros cuadrados, en los cuales estaría incluido el centro, y transformaría en ilegal un 95% de los alojamientos turísticos. La intención sería impedir que personas con pisos registrados como residenciales los alquilaran para fines de turismo. En esos casos, sería necesaria una autorización del Ayuntamiento y el pago de impuestos específicos. El criterio es el tiempo: un hospedaje de más de 90 días sería ya considerado como actividad económica.
Pero el proyecto puede no salir adelante y la situación tardar en solucionarse: los pequeños propietarios, por medio de organizaciones como Madrid Aloja, reivindican que no sean penalizados aquellos que alquilan un piso o una habitación como forma de complementar la renta —lo que corresponde a la mayoría de los casos en plataformas como Airbnb: unos 76% de los anfitriones—. Incluso hicieron una petición en Charge.org para que se cambie el borrador del plan.
«Apostamos por una regulación que sea justa con los ciudadanos y ciudadanas y con nuestra ciudad», piden los autores.