Recalificar o no, eso es El Tagarral

En 1987 las pocas construcciones que ahora son el inicio de Tres Cantos tenían escrito en su D.N.I. ‘Lugar de nacimiento: Colmenar Viejo’. Pero cuatro años más tarde esas letras caducaron, concretamente el 21 de marzo. Así, Tres Cantos se emancipó y se convirtió en una ciudad independiente, cargando con el problema del terreno de El Tagarral, originado antes de su nacimiento como ciudad.

Pero justo es ese año de la década de los 80 el conflictivo. Hasta entonces se estaban construyendo las casas previstas en el Plan Parcial del Sector “El Bodonal” (Soto de Viñuelas I, II y III), que se extienden más allá de la primera y segunda fase de la ciudad y lindan con el Castillo de Viñuelas. La primera parte ya estaba acabada. Pero, ¿por qué la II y III nunca tuvieron su ladrillo?

En 1987, el alcalde de Colmenar Viejo (y por aquel entonces de todo Tres Cantos), Armando Jusdado López, bajo la aprobación del socialista Joaquín Leguina Herrán, que presidía la Comunidad de Madrid, decidió calificar los terrenos conocidos como El Tagarral (las partes II y III de El Bodonal) como «suelo no urbanizable de protección agropecuaria», amparándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo de ese año.

Como es lógico, las familias propietarias de esos terrenos plagados de naturaleza no se callaron e iniciaron un proceso judicial contra esa medida, ya que estaban perdiendo dinero al no poder edificar. «Lo que estaba previsto era hacer 2000 chalets en esas dos partes», afirma Pedro Ayala, presidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, que cuenta con unos 500 miembros.

El 17 de julio de 1992, el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo (ya eran independientes) a pagar una indemnización a los propietarios de los terrenos en litigio. La cuantía no se fijó hasta el 28 de mayo de 2007, cuando se dictó otra sentencia. Ya no tenían escapatoria; tenían que abonarles 42.432.88,54 euros, más los intereses posteriores a ese mismo año.

«El estudio de unos abogados decía que lo lógico sería que pagara el 50% la Comunidad de Madrid, el 19% Tres Cantos y lo restante Colmenar Viejo. En el peor de los casos los tricantinos tendríamos que pagar un 33%, que son 20 millones», especifica Ayala.

Entre medias de esas fechas (en 2003), la empresa Martinsa Nozar S.L., recién constituida, se adelantó a la justicia y decidió comprar los terrenos. «Pagaron como urbanizable, incluso a muy alto precio (más de 200 millones de euros en total)», apuntilla Ayala. Todos fueron comprados menos uno.

La familia Massaveu fue la única que se resistió a percibir esa jugosa cantidad de dinero. «Cuando la empresa comenzó a comprar, les ofrecieron el triple de su valor, pero ellos no aceptaron», dice Ayala. Según el vecino, disponían de una finca de 100.000 metros cuadrados, un 8% del total de los terrenos.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de dar un ultimátum: «o se cumple la sentencia de manera voluntaria o se procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los funcionarios responsables encargados del cumplimiento del dictamen, así como de proceder al pago de la indemnización».

De las tres opciones que barajaba el Ayuntamiento (pagar la indemnización de manera solidaria entre las tres instituciones, no hacer frente a la sentencia o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas y los afectados), se ha optado por la tercera. Así se lee en una carta del concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Jesús Moreno, que han recibido los vecinos de Tres Cantos.

«Pagar es lo último que hay que hacer cuando hay posibilidades de llegar a un acuerdo», declara Moreno al diario Gente Digital . Además, añade que han adoptado esta solución porque «es la mejor para los tricantinos». «No podemos pagar algo impagable fruto de una decisión de hace 25 años y tampoco vamos a permitir embargos judiciales o que tengamos que responder judicialmente por no acatar esta sentencia que, por otra parte, es firme y no admite recurso», aseguró el concejal de Urbanismo al periódico digital independiente El Iceberg.

¿Será el próximo paso recalificar El Tagarral y así evitar pagar la indemnización?

Ayala se opone a esta opción, aunque piensa que es lo más probable que ocurra. «El crecimiento de Tres Cantos me parece excesivo. Tenemos 12.500 viviendas ahora. El Nuevo Tres Cantos tendrá unas 8.000 más y, a esas, hay que añadir las del Tagarral (se ha hablado desde 2.000 chalés a 4.500 viviendas o más). Estamos duplicando los habitantes pero los servicios siguen siendo los mismos. El Tagarral está pegado al monte de Viñuelas. Es una zona tampón, como se conoce en ecología, que es el espacio que protege otro lugar de mayor calidad. Si desaparece, automáticamente la zona tampón será lo próximo, es decir, el monte de Viñuelas», concluye.