Las catacumbas de la dictadura franquista: la memoria perdida del grupo LGTBI

Mauricio Karl , ideólogo del Régimen, con pluma furibunda sentenciaba en 1946:

<<La manada de fieras sodomitas, por millares, se lanza a través de la espesura de las calles ciudadanas en busca de su presa juvenil. Disfrazada de persona […] vuestro hijo puede volver a casa corrompido, guardando su bochornoso secreto que nada delatará…se torcerá y será para siempre un invertido.

¡Mejor muertos!, gritaréis desesperados.

Sí; mejor muerto vuestro hijo…Mejor devorado por cualquier alimaña. Mejor para él, para vosotros porque no hay tormento mayor ni mayor abominación>>.

En suma, es lo que el médico del Régimen,  Antonio Vallejo Nájera, conocido como el Mengele español, llamaría  desechos de presidio (obra Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, 1937), porque los gays, las lesbianas y los transexuales suponían una amenaza a los roles de género y una desnaturalización de las prácticas sexuales reinantes. Pero para que el temor torne peligro es necesaria una contención, sistematizando las herramientas médicas, legales y carcelarias disponibles con el fin de `salvaguardar a la raza y aislar al sujeto contagioso´, proporcionando argumentos pseudocientíficos. Y por esta misma razón, la castración,  la esterilización, lobotomización, las terapias de electroshock y los campos de concentración, entre otras, fueron prácticas comunes durante el franquismo.

La realidad supera a la ficción y el fin no era otro que el sometimiento. En el trance se baraja que se redactaron 21.000 sentencias condenatorias de 58.000 expedientes abiertos a raíz de la Ley de Peligrosidad social, y en Madrid había unos 3.600 expedientes que mencionan el delito de homosexualidad. Fueron las víctimas de una dictadura y el punto ciego de una Transición.

Sospechosos habituales

Antoni Ruiz Saiz, un menor

Antoni Ruiz Saiz es hoy presidente de la Asociación de expresos sociales y  fue el primero en ser indemnizado por el Estado por la represión a la que fue sometido el grupo LGTBI durante el régimen franquista.  Nació en Chirivella (Valencia) en 1958, cuatro años antes el término homosexual había pasado a ser una  acción punible en la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, junto a los indigentes, enfermos mentales y lisiados. Con 17 años, en el mismo salón en que responde a mis preguntas, le confesaba a su madre que le gustaban los hombres, era la certeza de un adolescente que quería tomar las riendas de su vida.

Su sinceridad provocó el disgusto de una progenitora que acudió a su hermana, y ésta a una monja. El hilo de su secreto terminó cuando la confesión se convirtió en denuncia. La monja alegó que Ruiz era un elemento peligroso para el resto de sus hermanos menores. Ese cúmulo de decisiones cambiarían su vida para siempre un 3 de marzo de 1976 cuando cuatro policías vinieron a buscarlo a su casa.

Desde 1970 la Ley de vagos y maleantes había sido sustituida por la Ley de Peligrosidad social, por el que cualquier que fuera pobre y de tendencias sexuales `indignas´ podría entrar en la cárcel sin necesidad de aportar pruebas fehacientes, menores incluidos. Y por un tiempo que podía oscilar, en teoría, entre los 4 meses y los 3 años, pero que podía alargarse indefinidamente sujeto al arbitrio de la persona que estuviera al mando.

Todo ello en nombre de una cura carcelaria. La acusación era la de desviado, un `violeta´ que era el término empleado por la policía para referirse al homosexual. Tres días en comisaria, intimidaciones y una violación serían el saldo de los primeros pasos de un menor por esa supuesta rehabilitación a un ciudadano de bien y con una ficha policial que podía acompañarte de por vida.

En el Tribunal Superior de justicia de Valencia el juez le preguntó:

<<¿Usted no sabe que ser homosexual está muy mal visto?>>. Ruiz jamás renegó de sí mismo ni de su condición de homosexual. Fue condenado a tres meses de cárcel en un periplo que hizo pasar a un adolescente por la cárcel Modelo de Valencia, luego la de Carabanchel, donde fue etiquetado como homosexual pasivo y destinado a la Modelo de Badajoz. Un lugar donde las palizas, los abusos y las amenazas eran la costumbre frente a la indiferencia de los funcionarios de la cárcel que podían camuflar una muerte por negligencia por un suicidio o un accidente. Como indica Ruiz, la Asociación de expresos sociales tiene los expedientes de la época que avalan la existencia de tales prácticas.

 

Una revolución en una dictadura se traducía en reformas penitenciaras que implicaban la creación de un Departamento de Homosexuales en la prisión de Carabanchel. Lugar de ensayos de lobotomías practicadas por el doctor Moniz y donde se clasificaba a los homosexuales, tras un examen físico  y psicológico, con el fin de asignarles el destino de Badajoz o Huelva. Dos infiernos penitenciarios pensados respectivamente para los etiquetados como homosexuales pasivos (para la lectura médica de la época eran los afeminados) o los activos.

 

Otros que no terminaban en la cárcel acababan en los manicomios por pertenecer al grupo LGTBI o sujetos a la autocensura para evitar las denuncias anónimas. El autor de Redada de violetas, Arturo Arnalte, afirma que por la legislación de protección a la intimidad  que se extiende por un periodo de cincuenta años el alcance fehaciente de afectados por la Ley de Peligrosidad y la posibilidad de poder acceder a los últimos expedientes personales no se dará hasta 2028.

 

Un campo de concentración en Fuerteventura

A las cárceles mencionadas se une el ominoso campo de concentración para homosexuales de Tefía en Fuerteventura. Hoy consta una placa conmemorativa, colocada en una ceremonia en 2004 a la que asistirían entre otros Antoni Ruiz y uno de sus amigos que terminó en este campo, Octavio García Hernández, condenado por pederasta que era el término que en la época se usaba como sinónimo de homosexual. En este campo llamado colonia agrícola – en total hubo unos 296 campos de trabajo- los reclusos sometidos a temperaturas extremas se dedicaban  a picar piedra, dormir sobre el suelo, comer exiguamente y bañarse una vez a la semana. La rutina era un castigo en sí misma.

Las lesbianas estaban invisibilizadas

Las lesbianas condenadas a cárcel eran escasas, debido a que estaban invisibilizadas para la época. En ese sentido, la Asociación de expresos sociales dispone de documentación que recoge el caso de la única lesbiana que ha pedido una indemnización por lo ocurrido durante la dictadura.  El doble castigo por pertenecer al grupo LGTBI implicaba no solo la posibilidad de internamiento en una cárcel, también una vigilancia constante a la salida de la misma. Así Ruiz, después de su salida  de prisión el día de su cumpleaños un 5 de junio de 1976, fue condenado al destierro de Chirivella, y a presentarse cada 15 días en la comisaria. Esta mecánica les hacía imposible conservar un trabajo a largo plazo que explica que ahora solo dispongan de pensiones no contributivas.

La documentación abajo reseñada es inédita y permanece viva, aunque no analizada, entre los archivos de la Asociación.

El grupo trans

El caso de los transexuales durante el franquismo fue especialmente sangrante, como dice Carla Delgado Gómez diputada por el PSOE por la Asamblea de Madrid, las transexuales eran carne de cañón durante el régimen por su visibilidad. Así, gracias a la Asociación de expresos sociales tenemos acceso al expediente de la canaria Silvia Reyes encarcelada por la Ley de Peligrosidad Social por su condición de transexual, por entonces se usaba el término travesti. Fue encerrada en la cárcel Modelo de Barcelona en 1975, y después trasladada al penal de Badajoz. Su vida como la de Carla Antonelli estuvo marcada por la resistencia y la creencia en una misma para sobrevivir a las constantes agresiones de una sociedad construida para rechazarlas de forma sistemática. Y ese debate se traslada ahora a la polémica en torno a la Ley Trans y la moviliciones del 8M. No en vano cabe reflexionar hasta que punto se dificulta la integración de un grupo cuando no ha sido hasta 2018 en que la OMS ha dejado de clasificar la transexualidad como enfermedad.

 

Carla Delgado, primera política transexual de España por el PSOE, habla de cómo era ser transexual en Güimar (Tenerife) antes de la Transición :

 

Después de la Transición

Cuando  se anunciaron elecciones generales para 1977 Adolfo Suárez se comprometió a otorgar la amnistía por delitos políticos, pero el grupo LGTBI fue el gran olvidado y los condenados siguieron dos años más en la cárcel. Será el 10 de febrero de 1978 cuando el PCE-frente a la pasividad que hasta entonces había mostrado el PSOE- presenta en el Congreso una proposición de ley  para dejar de catalogar la homosexualidad como peligrosa  y perseguible. El 19 de enero de 1979, con 278 votos a favor y 6 abstenciones, la homosexualidad dejó de ser un delito recogido en la Ley de Peligrosidad social  de 1970.  Sin embargo, las redadas contra los homosexuales seguirían en la democracia de los ochenta y la casilla para marcar “homosexual peligroso” continuaría presente en los formularios hasta 1982.

En 1995, diecinueve años después de su salida de la cárcel en un control rutinario en la calle dos agentes de policía de Valencia le solicitaron a Antoni Ruiz la documentación, como se la había olvidado les dio su número de identidad, fue entonces cuando el policía que comprobaba sus datos le gritó a su compañero: << ¡cuidado con este que es maricón!>>. Cuando Ruiz les preguntó cómo conocían ese dato, ya que en democracia es toda una anomalía que se recoja la orientación sexual de sus ciudadanos, el agente le contestó que si quería saberlo se buscara un abogado. Así se enteró que su ficha policial y judicial, junto con la de otros seguía en el archivo oficial del Estado.

Comenzaría un proceso que lo llevaría a intentar subsanar un error de la dictadura que se perpetuó en democracia. En un proceso kafkiano pasó por el Defensor del Pueblo, la Audiencia provincial de Valencia, el Tribunal Supremo y  en 1999 el Consejo General del Poder Judicial le entregó su expediente que quemó ante las cámaras, y depositó una copia del mismo en la biblioteca de su ciudad natal.

Sin embargo, su labor no se detuvo ahí, en 2004 se creaba la Asociación de expresos sociales apadrinada por Pedro Zerolo y cuyo manifiesto fundacional recoge:

<< Pedimos a la Federación y a las demás organizaciones que exijan a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que se comprometan a aprobar una ley que indemnice a las víctimas de la represión contra homosexuales, lesbianas y transexuales y que se permita la investigación de los archivos para que se pueda conocer con exactitud, sin cortapisas y de forma no traumática el alcance de la represión y determinar la cuantía de las indemnizaciones>>.

La respuesta contable a esa petición se tradujo por parte del Gobierno de Zapatero en cuantificar unas indemnizaciones basadas en el cálculo: los homosexuales que pasaron entre uno y seis meses en prisión recibieran 4.000 euros, los que estuvieron retenidos entre seis meses y tres años obtuvieran 8.000 euros y los fueron encerrados durante más de tres años, un mínimo de 12.000 euros.  Pero a ello se unían para los expresos sociales  los vericuetos burocráticos del que solicitara la indemnización, teniendo en cuenta que muchos fueron encarcelados sin juicio y sin una sentencia en firme, lo que se traduce en que la documentación es inexistente o difícil de encontrar. Y en otros casos a los afectados nunca les fue dada documentación alguna sobre su caso. Todas esas cuestiones retumban sobre la misma idea recuperar la voz y la historia del grupo LGTBI condenado y marcado por el franquismo.

La pregunta que al final se hacía el escritor Primo Levi en  los tiempos convulsos en los que vivió  era:

<<Estos son los hechos; funestos, inmundos y sustancialmente incomprensibles.

¿Por qué, cómo llegaron a producirse?

¿Se repetirán?>>.