Tensión antiocupa en Villalba: Unidas denuncia a la alcaldesa por irregularidades en la oficina de antiocupación
El consistorio se ha negado en repetidas ocasiones desde hace 6 meses a hacer público el expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la oficina antiocupación municipal y a dar explicaciones por las irregularidades en su funcionamiento
En el verano de 2021 el Ayuntamiento de Villalba inauguró por todo lo alto la apertura de la oficina de antiocupación de Inmuebles. El acto contó con la notable presencia de su alcaldesa, Mariola Vargas, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Aisa, ambos del Partido Popular; acompañados de Salvador Palazón, administrador de la empresa contratada para gestionar de esta agencia.
La inauguración de este nuevo despacho de asesoramiento despertó las suspicacias en la Asamblea de la Vivienda de Villalba, quien comenzó por su cuenta una investigación hasta revelar supuestas irregularidades en el funcionamiento de la misma. Tras la publicación de la información recabada por parte de la Asamblea y las subsiguientes protestas y manifestaciones de este movimiento, la oposición villalbina se hizo eco de la información publicada por la Asamblea y exigió explicaciones al consistorio. La propia Asamblea también pidió explicaciones en repetidas ocasiones a Mariola Vargas y Miguel Aisa.
Supuestas irregularidades en la oficina de antiocupación
A raíz de estas supuestas irregularidades descubiertas por la Asamblea de la Vivienda los grupos políticos de la oposición se hicieron eco y se sumaron a la petición de hacer público ese expediente por el cual se contrataba a la empresa encargada de la oficina, Desocupaciones Técnicas S.L. Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba se mantuvo la negativa a la cada vez más solicitada demanda durante al menos 6 meses, pero como ha defendido el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Aisa: «desde el Ayuntamiento se ha procedido a dar respuesta en las sucesivas comisiones de vigilancia de la contratación». Para la oposición las acciones del consistorio no han sido suficientes y el lunes 7 el grupo político Unidas por Collado Villalba presentó una denuncia ante los juzgados de la misma localidad.
La razón de esta querella no solo se basa en la falta de transparencia del gobierno de Mariola Vargas con el expediente de contratación de la oficina, sino por esas supuestas irregularidades descubiertas tanto en la contratación (el hecho de que Salvador Palazón se presentase con dos empresas) y el propio funcionamiento de la oficina con subcontratación de una tercera sociedad por parte de Desocupaciones Técnicas S.L., según ha señalado el portavoz de la Asamblea, Pablo González.
La compañía contratada por el ayuntamiento es Desocupaciones Técnicas S.L., con un presupuesto de 15.000€. Según la Asamblea de la Vivienda, la empresa de Palazón subcontrata a su vez a la ONAO, la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación.
Finalmente, horas después de anunciar la demanda interpuesta por el partido Unidas por Collado Villalba, el consistorio envió el documento requerido a la formación morada. Si esta demanda se admitiera a trámite la alcaldesa de Villalba podría enfrentarse a una inhabilitación de 4 años si, además, la justicia fallara a favor de la parte actora. Desde el Ayuntamiento defienden que este es: «un tema que la Justicia será quien tenga que decidir al respecto«. Miguel Aisa ha añadido también que «la judicialización de la vida política nunca debería ser el instrumento, y dice más del que se conduce por dicho camino, que de quien se ve sometida a la misma».
El consistorio, liderado por Mariola Vargas, al no hacer público el expediente infringe el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local y el art. 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En estas normas se expone que “los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
El descubrimiento no se limitó solo a las supuestas irregularidades de la oficina de antiocupación, sino también a una condena a la persona a cargo de la empresa contratada para llevar la oficina, Salvador Palazón, ocurrida en octubre del 2021 en Sevilla. Según ha relatado el portavoz de la Asamblea, Pablo González, Palazón se presentó supuestamente al concurso con dos empresas a su nombre, algo ilegal en estas situaciones. La presentación de dos ofertas por parte del mismo empresario contraviene el principio de Proposición Única que recoge el artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Contra la oficina de antiocupación
Al frente de la campaña contra la oficina está la Asamblea de la Vivienda de Villalba. Con las primeras manifestaciones pusieron en la mesa tres reivindicaciones: «el cierre inmediato de la oficina de antiocupación, la reapertura de la sala de exposiciones de ‘El Pontón’ y la puesta en marcha de una batería de medidas sociales para atajar el problema de vivienda en Villalba«, ha enumerado Pablo González, su portavoz. Las medidas a las que se ha referido son cinco: la rehabilitación de viviendas municipales para ofrecer una alternativa en caso de desahucio, la negociación con bancos para que los villalbinos puedan disfrutar de un mayor número de alquileres sociales, el asesoramiento jurídico para personas que vayan a sufrir un desahucio, la intermediación entre arrendatarios y arrendadores y por último la apertura de un albergue municipal permanente.
Pablo González ha defendido que estas medidas son posibles y que existen los recursos para llevarlas a cabo. El portavoz ha destacado la Casa de los Maestros, un complejo que pertenece en su totalidad al ayuntamiento, y que podría dedicarse a los ciudadanos con menos recursos. Dicho edificio fue tapiado tras la primera manifestación convocada por la Asamblea. Lejos de percibir ningún cambio, González ha resaltado «la política aporófoba del gobierno de Collado Villalba».
Desde la Asamblea han criticado que el ayuntamiento mantenga contratada a una empresa cuyo administrador haya protagonizado un desalojo violento con bates de béisbol que la justicia declaró ilegal. Los hechos ocurrieron en el ecuador del contrato de seis meses, por lo que el consistorio poseía capacidad de actuación. Pablo González ha recordado, con humor, la respuesta del concejal, Miguel Aisa, «no puedo predecir el futuro» y ha resaltado la falta de transparencia del consistorio. El portavoz de la Asamblea ha resaltado que al ser este un contrato menor, es el Ayuntamiento quien contacta con las empresas, por lo que como gestores públicos deberían haber sabido que al dedicarse a esas actividades podría darse un desenlace como el ocurrido con Salvador Palazón en Sevilla en octubre del año pasado.
Oficina de Antiocupación
Esta nueva agencia de consultoría, como la llama el Ayuntamiento de Collado Villalba, es un lugar en el que los vecinos del municipio pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito en caso de que su vivienda sea usurpada por terceros. La atención que se ofrece desde esta oficina es prestada por personal jurídico tanto presencial como telemáticamente. Los habitantes de Villalba pueden encontrar esta agencia en la calle Real, nº30, en la antigua sala de exposiciones El Pontón, local que la Asamblea de Vivienda reivindica que se siga utilizando como sala de exposiciones. El servicio se ofrecerá a aquellas personas físicas o jurídicas cuya vivienda usurpada se encuentre en el término municipal de Collado Villalba.
La Asamblea de la Vivienda de Villalba
Muy al contrario que la oficina de antiocupación, la Asamblea, sin jerarquía alguna, es un grupo de vecinos afectados por los problemas de vivienda de Collado Villalba, que se reúnen para ayudar al prójimo. Lejos de únicamente asesorar y ayudar a los vecinos de Collado Villalba, sus puertas están abiertas a toda la Sierra de Guadarrama, pero al ser Villalba la denominada ‘Capital de la Sierra’, centran su actividad en este municipio. Aunque no lo incluyeron en sus reivindicaciones, la Asamblea ve con buenos ojos la creación y puesta en marcha de una oficina que preste ayuda a los villalbinos en caso de tener problemas de vivienda. El portavoz de la plataforma ha explicado que la idea que tiene en mente la Asamblea engloba mucho más que en los casos de usurpación de la vivienda (en los que está enfocada la oficina de antiocupación): problemas con caseros y asesoramiento en caso de desahucios, entre otras cuestiones que atañen a la vivienda. Pablo González ha resaltado la importancia y necesidad de crear una oficina así que «funcione».