Una playa a 371 kilómetros del mar
Una «cala de la Costa Brava», pero en pleno centro de la Península y a 361 kilómetros del Mediterráneo. Pinos, rocas y arena compactada sustituirán a partir del próximo verano —siempre que se cumplan los plazos previstos— a los azulejos rotos, la suciedad y los grafitis que actualmente cubren la degradada piscina de «La Solagua», que lleva cerrada desde 2007. Para el Ayuntamiento se trata de «ofrecer otro tipo de ocio de verano», pero muchos vecinos critican lo que consideran un derroche en tiempo de crisis, y alertan del impacto ambiental de las obras.
El primer paso para la profunda remodelación de la piscina-playa se dio en mayo de 2012, cuando el Ayuntamiento, dirigido por el popular Jesús Gómez, anunció que había conseguido la financiación necesaria para el proyecto. En total, dos millones de euros que estarían «soportados a riñón» por la corporación municipal, según declaraba entonces Gómez a ABC. Todo ello, gestionado mediante un régimen mixto público-privado.
Las cifras del proyecto, cuyas obras comenzaron el 13 de noviembre de 2012, no son moco de pavo para una ciudad de 190.000 habitantes. El «mar» estará formado por un vaso de piscina de 1.500 metros cuadrados, con capacidad para 700 personas. La playa, por arena compactada, zonas verdes, instalaciones deportivas, zona de restauración e incluso unas termas.
«Las estadísticas nos dicen que la demanda de piscinas de verano clásicas está cubierta suficientemente, por lo que queremos ofrecer otro tipo de ocio de verano, con la misma tarifa municipal que el resto de piscinas, pero que presente a los vecinos una opción perfectamente integrada en un entorno natural», apuntaba el regidor en mayo.
¿Inversión o derroche?
Para el Ayuntamiento, la playa solo presenta ventajas en lo económico. «Vamos a ser de las pocas ciudades de nuestras características que, sin apartarnos de una estricta política de austeridad, también invirtamos en obra pública», sentenciaba Gómez. Además, según su planteamiento, «precisamente en estos tiempos de crisis no todo el mundo puede irse a la playa en verano, así que la necesitamos más que nunca».
Sin embargo, no todos los leganienses piensan como él. En la última semana del año pasado, cuando el Ayuntamiento anunció el despido de 39 trabajadores municipales —que acabaron siendo readmitidos el 17 de enero—, las calles de Leganés amanecieron empapeladas por una nota de la Asamblea popular, vinculada al movimiento 15-M. En ella se criticaba que el gobierno municipal considerase «prioritario» construir «una playa artificial por valor de 3,9 millones de euros», en lugar de readmitir a los despedidos. Además, el 30 de diciembre, aprovechando la convocatoria de un mercadillo de trueque en la céntrica plaza de España de la localidad, una decena de personas se vistieron con ropas de baño para criticar lo que consideraban «un derroche».
«Destrozo» ambiental
No obstante, donde se ha desatado una mayor polémica es en el plano medioambiental. Las responsables de ello fueron unas fotografías difundidas por la asamblea popular, en las que se ven al menos una decena de árboles talados en la zona de la piscina, pese a que el Ayuntamiento se comprometió a mantener todo el arbolado crecido que ya tenían las antiguas instalaciones. Ante las voces de protesta, el partido local Unión por Leganés (Uleg) denunció el «destrozo de la instalación» en el pleno municipal. Posteriormente, anunció en su foro que el Ayuntamiento abrirá un expediente a la empresa que está llevando a cabo las obras de la piscina.
