«Mi discapacidad me concede ahora mayores oportunidades laborales»

Tener síndrome de Down hasta hace unos años condenaba al individuo al ostracismo, a la reclusión. Suponía una carga para la familia. Ahora con la implementación de políticas que fomentan su contratación, con obligaciones e incluso ayudas a las empresas, el estigma ha pasado a la historia. De todas maneras, su realidad permanece oculta entre las imágenes de españoles rebuscando en la basura. Entre la precariedad ascendente, se extiende un debate ético: la «perversión legal» que convierte a este colectivo en mercancía barata para las empresas en tiempos de crisis.

«De la feria de empleo del año pasado me llamaron para un par de entrevistas», asegura Luis, de 45 años y con discapacidad psíquica ligera. Destaca que, hasta el empeoramiento de la crisis, no ha buscado trabajo presentándose como discapacitado porque «apenas se le nota». Ha cambiado de idea porque considera que con el certificado tiene más oportunidades, ya que las empresas, además de estar obligadas por ley a reservar el 2% de su plantilla, tienen en cuenta las primas y deducciones del Estado a la hora de contratar a una persona con discapacidad. Ahora bien, aclara que en este momento «las condiciones son más precarias».

Luis espera en la multitudinaria cola formada para entregar los currículos en el stand de FSC Inserta, entidad de integración laboral de la Fundación ONCE. Desempleado desde septiembre, no tiene profesión cualificada pero siempre ha trabajado de lo que bien podía. Es su segunda visita a la Feria de Empleo organizada por la Comunidad de Madrid, que celebró su VII edición los días 13 y 14 de noviembre.

Perversión legal

«Ser discapacitado es un valor añadido en el currículo», afirma María Vivar, directora general de Randstad, quien cree que ello se debe al carácter de la legislación orientado a la discriminación positiva. Por otro lado, Miguel Ángel Alonso, psicólogo e intermediador laboral de FSC Inserta, estima que, aunque siempre dentro de la legalidad, sí que hay «una perversión» en el proceso de contratación de las empresas. «Estas tienen en cuenta las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social o la subvención de 3.907 euros por emplear a tiempo completo a un trabajador con discapacidad antes de dar el paso», argumenta.

A la salida del metro más cercano a la Feria, Campo de las Naciones, varios jóvenes con síndrome de Down se acercan en fila, acompañados por sus monitores, hacia la entrada del Pabellón 2 de IFEMA. La alegría que desprenden es única. Por la misma senda, dos señoras, que superan la cincuentena, conversan agarradas sobre la utilidad del evento. María, licenciada en Magisterio, es invidente y va acompañada por su hermana a la entrada del recinto. Con reparo de facilitar demasiada información personal sólo se atreve a destacar el menor número de casetas de la edición de este año. «Eventos como este sí sirven», pero a su edad «no hay oportunidades que valgan», afirma resignada.

Isabel, de 58 años y con discapacidad sensorial del 53%, espera su turno junto a su marido en el stand de Celima, Centro Especial de Empleo dedicado a la limpieza. En paro desde hace seis años, siempre ha trabajado como limpiadora, empezando a los catorce. Es su quinta visita a la Feria, dice tener ofertas pero, «¿usted se cree que se puede trabajar por 300 euros cuando mi pensión es de 466?».

Los Centros Especiales de Empleo, donde al menos deben trabajar el 70% de trabajadores con discapacidad, se aprovechan de convenios salariales ventajosos. Alonso pone como ejemplo un puesto de limpiadora como el que Isabel solicita: «Hay sociedades de este tipo que no llegan a pagar 700 euros frente a los 900 de una empresa ordinaria», declara. Además, otra vía es que «una empresa ordinaria para estar exenta en el pago de la Seguridad Social no contrate a ese 2% pero sí que adquiera servicios de estos centros de empleo que pasan a funcionar como Empresas de Trabajo Temporal (ETT)», añade el intermediador laboral.

Un nivel alto de inglés

Con una pequeña campana, el padre José Luis avisa el inicio de la catequesis semanal en la Parroquia Nuestra Madre del Dolor, próxima a la plaza de toros de Las Ventas.  Es un perfecto conocedor de esta «perversión» a la que alude Alonso, ya que trata con chicos que en algunos talleres elaboran manualidades bajo el patrocinio de Mapfre; «pero puede ser cualquier empresa, ellos realizan estas tareas sobre la base de los beneficios que obtiene el empleador». «Tienen que conseguir trabajo, claro está, mejor que en aquella época oscura en la que el hijo discapacitado debía permanecer recluido en el hogar», alega. Ahora bien, tampoco cree que sea ético que pasen a ser «considerados como mercancías, me parece que la lógica mercantilista del capital debería tener ciertos límites». Reclama que se fomente la inserción laboral de este colectivo «pero de otra manera».

En la Feria también hay jóvenes en busca de un empleo digno. Eso sí, según el despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira el perfil mayoritario en la feria es aquel que no tiene una profesión cualificada, razón por la que su stand «se encuentra vacío» frente al bullicio de las casetas de Inserta o Celima. «Nosotros demandamos alta cualificación, carrera en derecho, marketing o administración y además un nivel alto en inglés», sentencia.

A Sara, oriunda de Tánger de 23 años y con discapacidad psíquica ligera, le gustaría dedicarse a la jardinería. Ya probó suerte en el evento el año pasado pero no recibió llamada alguna; nunca ha trabajado. Pese a ello, ha entregado su currículo en Integra, en Vodafone, en Repsol y en Cermi, con la esperanza de ser contratada.

En España, al cierre de 2012, había más de 150.000 trabajadores con alguna minusvalía, según la empresa de selección Randstad. Sin embargo, pese al aumento en la ocupación de más de un 6,5% en el último año tal y como registra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), queda aún mucho camino por recorrer.

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