Una receta hecha para el Estado

La receta electrónica anunciada en el 2011 a bombo y platillo se presentó como el instrumento ideal para el paciente. Sus visitas al centro de salud no tendrían que ser tan frecuentes como hasta entonces. La tarjeta de la seguridad social haría las veces de receta, almacenando la información que en otra época el médico plasmaba en un papel. Con ella en mano y, tras visitar al especialista, el paciente acude a la farmacia. Allí el boticario pasa la tarjeta por un lector y sabe lo que debe dispensarle y por cuánto tiempo. Sin embargo, casi dos años después de su obligatoria entrada en vigor, la receta electrónica supone más un problema que una solución.

Los resquicios que quedan todavía por cumplir afectan a los médicos y a los farmacéuticos, pero sobre todo a los pacientes. Entre estos se encuentran una merma del seguimiento médico, la falta de homogeneidad del sistema informático entre comunidades, la necesidad de ser colegiado para poder acceder al mismo o el colapso de este. Además, la desinformación de los pacientes respecto al funcionamiento de la tarjeta ocasiona constantes malentendidos en el punto de venta.

Los farmacéuticos la califican como «la visa oro de los medicamentos». En la práctica, ha supuesto agilizar las consultas de los centros de salud, descongestionarlos de pacientes en busca de recetas, pero también que estos decidan qué se toman y qué no. Porque la supervisión médica que antes existía cuando se acudía a la consulta ya no existe. Ahora el boticario cuando visualiza en pantalla la receta le pregunta al cliente «qué quiere llevarse». Rara vez lo quieren todo, rara vez saben lo que supone no tomarse la medicina en su dosis concreta.

«La receta electrónica se ha convertido en una herramienta mal usada debido a la desinformación entre médicos y pacientes», señala el propietario de una farmacia.

El sistema informático

Con el cambio, llegaron también las nuevas obligaciones para las farmacias. «Instalar la receta electrónica acarreó la obligación de gastar aproximadamente cuatro cartuchos de tinta para la impresora y una cantidad ingente de folios al mes», comenta una farmacéutica de Aranjuez. Esto se debe a que son los boticarios los que tienen que imprimir la plantilla modelo y, como antaño, pegar en estos folios los códigos de barra de los medicamentos. Además, la compra de equipos informáticos compatibles con el router necesario supuso un desembolso para cada establecimiento de aproximadamente 4.000 euros.

Por otra parte, el sistema de las tarjetas electrónicas solo funciona si en el ordenador que la dispensa se encuentra enchufado el lector de tarjetas de colegiado. Esto, en la práctica, supone que si solo dos trabajadores del establecimiento están colegiados, aunque pueda haber más dependientes o más ordenadores, solo leen la tarjeta electrónica los que tengan conectado dicho carné de colegiado.

Además, es frecuente que el sistema se colapse. Si esto ocurre, los usuarios, que deben volver en otro momento, reprochan al boticario la falta de equipos preparados.

A pesar de todo esto, tanto los Colegios Oficiales Farmacéuticos como la Comunidad de Madrid dicen no haber recibido queja alguna. Sin embargo, todas las farmacias consultadas afirman que han enviado numerosas reclamaciones a estos organismos.

Desequilibrio territorial

Según la ley que regula la dispensación de medicamentos, la receta médica debe ser válida en todo el territorio nacional y el tratamiento prescrito podrá adquirirse en cualquier oficina de farmacia de España. Sin embargo, esta legislación no tiene un desarrollo homogéneo entre comunidades autónomas y, por lo tanto, actualmente no opera fuera de su comunidad de origen. Es decir, la tarjeta funciona en Aranjuez (Comunidad de Madrid) pero no a 4,8 kilómetros, en Ontígola (Castilla-La Mancha). Si un paciente riojano quiere dejar el frío por unos días y pasar una temporada en Huelva, tiene dos opciones: una, ir a urgencias a que le receten su medicina o dos, solicitar un papel de traslado.

Numerosos médicos y pacientes desconocen que todavía la receta electrónica es ilegible fuera de la comunidad de origen, lo que provoca contratiempos para médicos, farmacéuticos y sobre todo para los usuarios.

La receta electrónica es una medida «hecha para el pueblo pero sin el pueblo». La Administración Pública ha buscado la mejora de la gestión del consumo de fármacos, ajustarlos a los recursos económicos disponibles. Ha tratado de rebajar la burocracia y el número de visitas del paciente al centro de salud, aunque, a cambio aumenta la desinformación, que se suple en las visitas del paciente a la farmacia.

La receta electrónica es una buena idea. Eso sí, no funciona bien.