El 41,88% de las jóvenes que abortaron en Madrid en siete años no utilizaron ningún tipo de anticonceptivo
Autores: Belén García-Pozuelo y Javier Arias Lomo
23 de marzo de 2019, un día antes de la marcha provida en Madrid, suena el teléfono: «¿sabes que Teresa está embarazada de dos semanas?». La conversación se va desarrollando entre largos silencios, el nerviosismo al otro lado de la línea es notable. A pesar de que con el paso del tiempo ha dejado de ser un tema tabú, el contexto en el que se produce sigue resultando complicado para algunas personas. «No tomaban precauciones, pero vamos, que no lo buscaban tampoco», responde su amiga. «Teresa me ha dicho que va a abortar». La chica tiene 18 años, igual que su pareja, y cada uno vive con su familia al no disponer de independencia económica.
Hace poco que Teresa alcanzó la mayoría de edad y se encuentra entre la franja de los 15 a los 19 años. Las mujeres que están dentro de este intervalo y que abortaron en Madrid, desde 2011 a 2017, han sido 11.663, según los ficheros de microdatos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España. De esta cifra total referente a las interrupciones voluntarias del embarazo, en el 41,51% de los casos las jóvenes de 15 a 19 años no tomaron ningún tipo de precaución. «Yo le decía: “si no lo evitas puede pasar”, pero tiene ovarios poliquísticos y se fiaba», explica su amiga desde el otro lado del teléfono. Este síndrome afecta a la liberación regular de óvulos y las posibilidades de quedar embarazada se reducen.
Pero lo cierto es que detrás de cada caso hay una historia, y en siete años los 12.091 abortos que han habido en Madrid de menores de 15 años hasta las de 19 la tienen. Se puede ver el detalle en el interactivo inferior. El 41,88% de estas jóvenes no utilizaron ningún método anticonceptivo, según el análisis de los datos gubernamentales realizado en Madrilánea. Teresa lo hizo así y uno de los motivos de la interrupción de su embarazo recae en que ni ella ni su pareja podrían hacer frente al gasto económico que conlleva el sustento de un bebé: «No tendría para mantenerle, trabaja los fines de semana y le pagan sobre 200 euros al mes», responde la amiga de Teresa.
La irrupción de partidos con nuevas sensibilidades y el periodo electoral actual han contribuido a que el aborto ocupe, de nuevo, una parte importante del espacio político y social. Adolfo Suárez Illana, último en sumarse al elenco de fichajes realizado por Casado para las listas electorales de su partido, decía en una entrevista con Carlos Alsina durante esta mañana que «hay que ayudar a que las mujeres decidan si quieren ser madres de un niño vivo o un niño muerto», desatando posteriormente un aluvión de críticas por parte de sus oponentes políticos, como la de Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, que le ha llamado «salvaje» por afirmar tal cosa. Todo ello pone de relieve el deseo de los partidos en ganar adeptos posicionándose en un tema cuya relevancia social dificulta acertar de lleno en lo que se diga sin herir sensibilidades.
Dichas alusiones son una muestra de que la clase política también han reparado en las 94.123 personas que abortaron en España en 2017, según las últimas cifras disponibles en el el portal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pero desde 2011 a 2017, en Madrid hubo 5.064 interrupciones voluntarias de embarazo en las que previamente no se tomó ningún tipo precaución (223 en chicas con una edad inferior a 15 años y 4.841 entre las que tienen 15 y 19 años), como se puede observar en el interactivo inferior. Es en las menores de 15 donde reside uno de los datos más elevados: el 52,10% de las chicas que abortaron en estos siete años no utilizó ningún método anticonceptivo. Más de la mitad.
La legislación
España ha tenido dos leyes sobre el aborto y ambas han sido aprobadas por gobiernos socialistas: La Ley de plazos de 2010, que es la que se encuentra actualmente en vigor y permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación; y la Ley de 1985, que despenalizó el aborto en tres supuestos: en cualquier momento si existía un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”; en las doce primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto naciese con graves taras físicas o psíquicas. Hasta ese año la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito, exceptuando un breve periodo de tiempo en Cataluña durante la II República entre 1936 y 1938 (Guerra Civil).
Sin embargo, la controversia en torno a la legislación del aborto ha vuelto a poner la Ley del Gobierno de Zapatero en el centro del debate. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ya ha defendido en varias ocasiones una hipotética vuelta a la Ley de supuestos de 1985, evidenciando la opinión de los populares al respecto. El último informe de 2017 elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar indica que la cifra de abortos en España ha disminuido en un 16,73% con respecto a 2010, año en la que entraba en vigor la Ley actual de plazos.
A pesar de ello, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2013 una reforma de la Ley del aborto, con indicaciones más restrictivas al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre. Finalmente, Rajoy se vio obligado a retirar el anteproyecto de ley un año más tarde, precipitando así la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia.
METODOLOGÍA
Los siete años escogidos en este artículo para el análisis de datos han sido desde 2011 a 2017 aunque la actual Ley del Aborto está vigente en España desde 2010 (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo). Esto es porque, al tratarse de ficheros anuales de microdatos, no ha sido posible consultar el epígrafe referente a «las interrupciones voluntarias del embarazo por utilización de métodos anticonceptivos por grupos de edad» para las series anteriores a 2011, año a partir del cual se comenzó a incluir. Por último, indicar que el nombre de Teresa no se corresponde con el real.