Prostitución visible: invisible ante la ley
Un portal estrecho, con una bombilla desnuda en el techo y un cartel de «no fumar». En uno de los primeros números de la calle Caballero de Gracia la puerta siempre está entreabierta y un hombre, sentado en una banqueta, hace las veces de centinela. Tres o cuatro prostitutas suelen rondar la entrada de este lupanar en el centro de Madrid: a menudo fuman, caminan hacia Montera y reciben señas. Una vecina comenta que la actividad que se desarrolla en la «pensión ilegal» al principio de la calle es «el mal nuestro de cada día».
El negocio del sexo como vecino
Luis, conserje de un inmueble próximo, lleva veinticinco años trabajando y siendo testigo -desde su portería- de los movimientos que tienen lugar en esta calle emblemática del distrito Centro. En el otro lado de la acera se halla el Real Oratorio del Caballero de Gracia, que muchos conocen como «La Iglesia de la Gran Vía». El veterano conserje -que ejerció de periodista en Perú- cuenta que es una calle en la que hay una «contradicción de locura» y que ha «visto de todo». Al dejar la puerta del edificio abierta de par en par, explica que ha tenido que «auxiliar más de una vez a chicas que se han caído y llamar a una ambulancia». En este sentido, recuerda que hace 10 años -coincidiendo con el ensanchamiento de las aceras-, la calle comenzó a «lavarse la cara», desaparecieron los drogodependientes que merodeaban por la zona y las prostitutas se volvieron «más independientes».
Sin embargo, antes venían «huyendo del chulo» y era habitual que las agredieran y «entraran hasta el portal para protegerse». Tras un silencio, Luis afirma que «conoce a muchas que han muerto». El problema, que aún hoy se produce, radica en que algunos clientes exigían un servicio «por la cara» y el proxeneta reclamaba su parte del dinero, de manera violenta. José, camarero de la cafetería más longeva de la calle, cuenta que «a día de hoy, ya no se ve a los chulos cuando hay luz», pero que «por la noche, las cosas cambian». Lleva veinte años tras la barra y opina que «la noche de Madrid es muy jodida» y se muestra indignado con la actuación policial pues considera que «no hacen nada», pero que «nunca lo han hecho».
Juan Moya, el rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia, contesta —al preguntarle por la presencia de prostitutas a tan solo unos metros— que «como cualquiera que tenga espíritu cristiano, las encomienda». Moya desconoce si estas prostitutas entran o no al oratorio y resuelve que «reza por ellas, por que tengan una vida digna». Sin embargo, Luis es tajante al afirmar que «muchas veces ha visto entrar a prostitutas a la iglesia».
Una policía esposada
La prostitución en España es una actividad al margen de toda regulación. Carlos Bahón, de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) apunta que la policía tiene una capacidad de maniobra «limitada», al tratarse de una práctica «alegal». El Código Penal castiga con penas de prisión la trata y el proxenetismo, aunque no en todas sus formas. Por otra parte, desde 2015 existe una Ley de Seguridad Ciudadana que persigue la contratación de servicios sexuales, pero solo en espacios públicos donde pueda haber menores o cuando exista un riesgo para la seguridad vial. Bahón explica que la policía, por ejemplo, interviene en el polígono de Marconi —uno de los epicentros de la prostitución de Madrid—: «Denunciamos si se ponen cerca del Burguer King, que tiene zona infantil».
Desde APMU argumentan que en los pisos donde tienen lugar estas actividades es «más complicado entrar». Además, afirma que «si las mujeres no denuncian, es muy difícil saber si las están obligando». Al preguntarle sobre la actuación policial en pisos del centro de la capital, reconoce que aunque «a simple vista» existan indicios, «las tratas se desmantelan porque denuncia alguien de dentro». Estos pisos -dice- son «propiedades» en las que se está realizando una «actividad ilegal» y, por tanto, «la sanción solo sería administrativa».
Por otra parte, las asociaciones de vecinos podrían «denunciar por ruidos o suciedad»: la Ley de Propiedad Horizontal capacitaría a la policía para «echar a los inquilinos, si los vecinos se quejan». Víctor Rey, de la Asociación de Vecinos Sol-Barrio de las Letras, declara que reciben numerosas llamadas de comunidades quejándose de los conflictos que se generan a la entrada y salida de los lupanares en la zona centro, que suman un total de 16. «Los vecinos están un poco hartos de reyertas y gritos». En concreto, en Caballero de Gracia, «más de 20 veces han llamado a la policía municipal para que interviniera». Afirma que los cuerpos de seguridad «lo conocen perfectamente». Por su parte, Bahón apunta que «está claro» que si se tienen indicios de proxenetismo, se pide una orden judicial y se «libera a las mujeres». Pero insiste en que «es difícil que las mujeres te lo cuenten, por miedo». A continuación, opina que «no puede ser que exista este limbo legal» y se manifiesta a favor de tender al modelo neerlandés.
La denuncia: el principal objetivo
Rocío Mora, de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), explica que la labor de esta organización comienza con una unidad móvil que hace un mapeo para detectar casos de explotación sexual. Mora señala que «son chicas que no superan los 40 años» y que son redes organizadas las que posicionan a estas mujeres en las calles más visibles del centro de Madrid.
Sin embargo, en los últimos tiempos, APRAMP trabaja de manera más intensa en lo que han denominado «pisos invisibles». Allí, informan a las mujeres para que «se reconozcan como víctimas» y denuncien. Mora especifica que ellos se centran en casos de trata y que «mientras no se penalicen todas las formas de proxenetismo, siempre caerá en las espaldas de la mujer el que pueda denunciar». Coincide con Bahón en el problema de que la policía no pueda entrar en los pisos de Centro si no hay una denuncia y una orden judicial. Si el dueño del piso en Caballero de Gracia -dice- sabe que en el inmueble se está explotando a mujeres, debería existir una respuesta en nuestro Código Penal, pero «no contamos con herramientas legales» para abordar este tipo de situaciones. Las redes se cuidan de no «poner en la calle a mujeres que no tienen documentación» y así sortean el delito de trata.
La calle Caballero de Gracia es -como otras muchas- la punta del iceberg de un problema en pleno corazón de Madrid. Asociaciones como APRAMP tratan de atajar una situación flagrante y consiguen llegar a una media de 280 mujeres al día, a las que informan y ofrecen una atención integral. Son chicas que no poseen pasaporte español y que son víctimas de tratas clandestinas. En estos casos -más sangrantes-, la policía puede desprenderse de sus propias esposas e intervenir. Sin embargo, cuando estas prostitutas tienen los papeles en regla y los lupanares son visibles, la capacidad de actuación de la policía se limita a la sanción administrativa, cuando no existe denuncia. Solo la ley podrá cerrar la puerta entreabierta del portal estrecho en Caballero de Gracia.